En menos de media hora, la sesión conjunta del Senado y de Diputados de la provincia definió de manera unánime la suspensión preventiva temporal por 180 días y la disminución salarial del 50 por ciento del fiscal adjunto de la segunda circunscripción judicial, Gustavo Ponce Asahad, implicado en una causa que lo investiga por cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes y filtración de datos reservados.
La primera votación fue entre los senadores, donde los 15 presentes votaron por la afirmativa. A su turno, los 48 diputados hicieron lo propio. En ninguno de los cuerpos se registraron votos negativos ni abstenciones al momento de considerar el dictamen propuesto por la Comisión de Acuerdos.
El único en tomar la palabra en el recinto fue el senador Raúl Gramajo, quien preside la comisión bicameral que se reunió el martes pasado para elaborar el dictamen que se votó este viernes y que ya designó al diputado radical, Fabián Bastía, como el miembro acusador en el proceso de remoción que se inicia contra Ponce Asahad, el fiscal acusado de cobrar coimas a bandas delictivas y de filtrarles información sensible.
Gramajo resaltó el trabajo de la auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, ya que "a una semana de los hechos estamos haciendo la sesión conjunta", dijo el senador justicialista por 9 de Julio. Vranicich fue la encargada de acercar el martes pasado las pruebas que había en contra de Ponce Asahad para ponerlas a consideración de la Comisión de Acuerdos. Ese día también estuvo el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien también brindó un informe de las actuaciones que se hicieron en el marco del MPA.
Este martes 4 de agosto, la Justicia dictaminó la prisión preventiva por noventa días para el fiscal, quien está acusado de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores. Ponce Asahad seguirá preso mientras avanza la investigación.
Las fiscales Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, hicieron las acusaciones contra Ponce Asahad en su carácter de fiscal adjunto y Nelson Ugolini en carácter de empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Les atribuyen la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación del ahora destituido fiscal Patricio Serjal (en carácter de fiscal regional): diseñar y ejecutar un plan cuyo objetivo fue recibir dinero de Leonardo Peiti (ya imputado) a cambio de transmitir información reservada, y no investigar hechos que podrían construir delitos e interferir en las investigaciones en curso, así como retardar u omitir dictámenes propios de su competencia para que no prosperen posibles imputaciones.
Fuente: La Capital
