Los problemas legales de Luiz Inácio Lula da Silva no están ni cerca de terminar ya que esta semana la Corte Suprema de Brasil resolvió que atenderá en su plenario de 11 jueces las apelaciones por la causa Lava Jato en la que el ex mandatario fue condenado por corrupción a 9 años y seis meses de prisión.
La decisión del nuevo presidente rotativo del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Fux, implica que la Sala II de la Corte no se ocupará de anular -o no- la condena a Lula, que estuvo 510 días preso en la cárcel de la la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba y veía cerca la posibilidad de quedar libre de toda acusación.
En la Sala II, encargada de los procesos penales, Lula tenía a su favor dos de los cuatro votos, lo que podía garantizar la anulación del caso vinculado a un apartamento en el balneario de Guarujá, San Pablo, por el que estuvo en Curitiba, y dejarle la vía libre para presentarse a las elecciones presidenciales de 2022.
Los jueces de la Sala II que están a favor de anular la pena de Lula son Ricardo Lewandowksi y Gilmar Mendes, dos garantistas que están públicamente enemistados con Sérgio Moro, el ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro que siendo juez se puso al frente de la causa Lava Jato en 2014 con el fiscal Deltan Dallagnol.
El juez Mendes se quejó por el "cambio del reglamento en medio de los procesos" que aplicó Luis Fux, pero la decisión del presidente del STF se mantiene firme por el momento.
Revisar la Operación Lava Jato en el pleno de la Corte hará más lento todos los procesos y también se podrá asegurar una mayoría a favor de las condenas. Además, la falta de solución de la cuestión de la parcialidad de Moro en el Tribunal Supremo puede alejar aún más a Lula para recuperar sus derechos políticos.
La decisión de Fux puede tomarse como un respaldo a Moro en días en que se rumorea que el ex ministro de Bolsonaro podría radicarse en Estados Unidos a falta de aliados políticos, y que el fiscal Dallagnol, que se enfrentó al STF y admitió que negoció directamente con el FBI delaciones premiadas para la investigación sin cumplir la ley interna de procedimientos, abandonó la jefatura de la operación Lava Jato por temor a ser sancionado por mal desempeño en sus funciones.
Por su parte Jair Bolsonaro afirmó el miércoles que su gobierno terminó con la Operación Lava Jato porque en su gestión no es necesaria por la inexistencia de corrupción, y con acuerdo político con parte del Congreso y la propia Corte Suprema nombró al camarista de Brasilia Kassio Marques para ocupar la vacante que había en el STF.
Fuente: Minuto Uno.
