El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad seguirá detenido con prisión preventiva efectiva hasta el 2 de febrero de 2021, en el marco de la compleja investigación judicial sobre el juego clandestino en la que se ventila una trama de corrupción y coimas en el Poder Judicial. El caso se ventiló a partir de la declaración del empresario del juego Leonardo Peiti, también detenido y coimputado en esa causa junto a ex fiscal regional Patricio Serjal.
Casi al mismo tiempo que el senador provincial justicialista por el departamento San Lorenzo Armando Traferri brindaba una extensa conferencia de prensa sobre la atribución que hizo el propio Ponce Asahad al señalarlo como un estratega de las maniobras de desvío de fondos del juego clandestino para solventar sectores de la política santafesina, en los viejos Tribunales de Pellegrini y Balcarce el juez de segunda instancia Penal Guillermo Llaudet Maza evaluaba el pedido de libertad del fiscal.
El abogado defensor Fernando Mellado apeló la resolución que denegó la prisión domiciliaria de su defendido en los primeros días de noviembre, tras quedar detenido e imputado en agosto. El profesional sostuvo que el ex fiscal "no es peligroso para la investigación, y que incluso realizó aportes significativos para una causa que tiene trascendencia institucional”.
El letrado recordó además que la pareja de su defendido “tiene una enfermedad muy grave que le impide movilizarse por sus propios medios y necesita de una persona que la cuide permanentemente, y que él es la persona indicada para hacerlo”.
Al replicar, el fiscal Matías Edery, a cargo de la compleja investigación, indicó que si bien es cierto que el ex fiscal aportó datos importantes a la investigación, aclaró que esas cuestiones “están siendo analizadas”, que se están “recabando mayores evidencias a los fines de llegar a la verdad”.
Y sostuvo que “la magnitud de la investigación y la entidad de las personas vinculadas hacen necesaria que todos sus integrantes se mantengan en prisión preventiva. Es que Ponce Asahad y Serjal están imputados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y de ser miembros de una asociación ilícita.
Según Edery, tampoco están dadas las condiciones para morigerar el encierro del ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Agregó que la pareja del imputado “tiene los medios económicos para procurarse asistencia o acompañamiento permanente”, y que Ponce podría entorpecer la investigación en caso de libertad o en prisión domiciliaria. Con esos argumento el fiscal solicitó que se mantenga el encierro efectivo.
Luego de las aclaraciones de la defensa, Ponce Asahad ejerció su derecho a ser oído, e insistió en que su libertad no reviste peligrosidad procesal. Luego de un breve cuarto intermedio el juez Llaudet Maza decidió mantener la situación cautelar del ex funcionario judicial, y ratificó la prisión preventiva efectiva dictada en su momento, con vencimiento el 2 de febrero de 2021.
La investigación que encabeza el fiscal Edery junto a su par Luis Schiappa Pietra, profundiza sobre una asociación ilícita integrada además de Serjal, Peiti y el empleado del fiscal Ponce Ashad, Nelson Ugolini (imputado en libertad); David Perona (fallecido); y el ex policía Alejandro Torrisi, condenado a 3 años de prisión condicional.
Según la acusación, el objeto de la organización fue “usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal de apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal".
Los jefes
La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores en Rosario. Y pone como cabeza y organizadores de la asociación ilícita a Peiti y Serjal, mientras que el resto participaron en carácter de integrantes y conforme el rol que les asignó a cada uno.
Según los fiscales, en ese camino, “ofrecieron y recibieron dádivas de funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos".
Fuente: La Capital
