El Gobierno del primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, renunció en bloque por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude, lo que reveló además el mal manejo gubernamental de los subsidios para el cuidado de los hijos.
Rutte dijo que había informado al rey Guillermo Alejandro, marido de Máxima Zorreguieta, la decisión.
El gabinete se mantendría de forma provisional para manejar la crisis del coronavirus por ahora, y se realizarán elecciones parlamentarias el 17 de marzo, en las que Rutte se perfila como favorito.
La caída del gabinete no debería tener consecuencias para las víctimas del escándalo, dijo Rutte durante la conferencia de prensa de acuerdo al medio local Volkskrant. Además, aseguró que hay dos prioridades para el gabinete saliente: "La Corona y resolver este terrible tema".
Miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude en ayudas familiares, viéndose obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, teniendo doble nacionalidad.
Los cuatro partidos de centro y de derecha en el poder se habían reunido en la mañana para abordar una posible dimisión. Rutte, primer ministro desde 2010 y uno de los dirigentes europeos en el poder desde más tiempo, había sin embargo anunciado anteriormente que aspiraría a un cuarto mandato.
¿Cómo se generó el escándalo?
Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 et 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.
El comité parlamentario concluyó que se había cometido una “injusticia sin precedentes” contra los padres, que recibieron un “trato institucionalmente sesgado”, lo que “viola los principios del Estado de derecho”, y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber “cometido errores” y haber hecho la vista gorda ante estas disfunciones.
La presión contra el gobierno aumentó el jueves tras la renuncia del jefe del Partido Laborista holandés (PvdA), en la oposición, Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017, en la anterior coalición gubernamental de Rutte.
El abogado de víctimas, Vasco Groeneveld, interpuso el martes una demanda contra tres ministros en el cargo y dos exministros, entre ellos Asscher.
Había trascendido que los funcionarios de impuestos habían procedido a una “distinción étnica” de unas 11.000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.
En diciembre, el gobierno holandés dijo querer pagar en los próximas cuatro meses al menos 30.000 euros cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.
Fuente: Télam
