Uber puso a Rosario entre las diez ciudades elegidas para expandirse en Argentina. La aplicación que permite traslados particulares a través del celular ubicó al país como la zona de mayor crecimiento a nivel mundial. En este contexto, la concejala María Eugenia Schmuck insistirá mañana en la comisión de Servicios Públicos del Concejo con su proyecto para regular todas las plataformas digitales, su habilitación y crear el pago de un tributo para estos servicios privados de pasajeros.
"Hay muy buen diálogo y conversaciones avanzadas con distritos de Córdoba, Santa Fe y la región Noroeste. Nuestro objetivo es crecer y el compromiso es dar un servicio que la gente quiere y valora", aseguró días atrás a un medio de prensa nacional alto directivo de Uber para el Cono Sur.
En el listado de ciudades que están en la mira del plan de negocios figuran Puerto Iguazú, Posadas, Rosario, Jujuy, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. "No son debates sencillos, por la habitual resistencia de taxistas y remiseros contra la firma", admitieron.
Hasta julio y según datos de la propia compañía, más de 3.000 personas se anotaron en Rosario para ser choferes de Uber y existen 75.000 usuarios locales que ya bajaron la aplicación de la firma, aunque no está habilitada para operar en la ciudad. Además, y según este sondeo, existían más de 27.000 rosarinos que ya utilizaron la aplicación en otras ciudades de la Argentina y en el exterior, y con una cantidad de 11 viajes en promedio.
En la provincia de Córdoba, la firma con sede en San Francisco (Estados Unidos) hizo algo parecido. Allí hay 120 mil personas registradas en su aplicación, de las cuales 40 mil hicieron algún viaje con Uber donde presta servicio. Además, hay 25 mil inscriptos como posibles conductores.
Mientras tanto, la problemática en el Concejo volverá a repercutir este miércoles, cuando la concejala Schmuck insista con su proyecto. La iniciativa establece un marco regulatorio para las plataformas colaborativas y electrónicas de transporte y movilidad, entre las que se incluye Uber.
A cada coche privado de traslado de personas le fija un cupo máximo de 200 permisos para las aplicaciones extranjeras. Cada auto que circule con esta aplicación deberá pagar una tasa trimestral equivalente al 5 por ciento del valor del vehículo, por lo que se estima que se abonará un gravamen de entre 60 y 100 mil pesos anuales. Esta recaudación irá para engrosar el Fondo Compensador del Transporte.
"Vamos a insistir en la comisión solicitando su tratamiento legislativo. Estamos a tiempo, sino en Rosario puede ocurrir lo de Buenos Aires, donde se mezcla la persecución, lo judicial, la violencia y no se puede prohibir algo sino se fijan condiciones. El tema es fijar estándares de calidad, regulación de las plataformas digitales y fijar condiciones para que no haya precarización laboral. En definitiva, deberán cumplir con las mismas condiciones de taxis y remises y aportar dinero al sistema", remarcó Schmuck.
Tras recordar que se debe actuar con anticipación "y no ante el apuro, como ocurre con los servicios de cadetería como Glovo y Rappi", la edila también puntualizó que estos servicios privados de traslado permiten algunas alternativas al servicio público tradicional, como el car pooling (viaje asociativo), elegir si el chofer es hombre o mujer, recorrido del coche y pago con tarjeta de crédito o débito. "Sea la plataforma que fuera, Movi taxi, Easy Taxi, Uber, deben cumplir todas los mismos estándares de calidad", remarcó.
Con una mala experiencia en su intento de llegada a Capital Federal en 2016 (hubo enfrentamientos con los taxistas y la Legislatura sanciona la actividad), la firma de capitales estadounidenses apuntala el ejemplo de Mendoza. La Legislatura medocina aprobó a fines de julio la nueva ley de movilidad, que incorpora las plataformas electrónicas al sistema de transporte. El gobierno lo reglamentó en septiembre y su puesta en marcha comenzó a fines de octubre.
El proyecto de Schmuck para Rosario establece un servicio con autos con una antigüedad no mayor a tres años, permiso precario y revocable. El interesado deberá hacer un curso de capacitación en género y derechos humanos.
Fuente: La Capital
