La Justicia evitó el cobro por ventanilla de 31.900.000 dólares que el gobierno de Santiago del Estero intentó realizar a través de una sospechosa extracción en una sucursal del Banco Hipotecario. Apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora pretendieron retirar esa suma de dinero en efectivo y en dólar billete por ventanilla. La operación quedó en la mira de la Justicia.
Desde el Banco Hipotecario pidieron explicaciones por el monto inusual del retiro. Desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.
El banco pidió que se justificara esa emergencia luego de advertir que los salarios no se pagan en efectivo y menos aún en dólares. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron. Querían hacer el retiro en efectivo a como diera lugar.
Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado provincial.
Una jueza civil y comercial del distrito en cuestión autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días hábiles al banco para que la hiciera efectiva. A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.
Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.
La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechoso de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable suma de dinero. La provincia deberá explicar de manera razonable el porqué de tamaña extracción.
En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraño de la operación que intentó Santiago del Estero, el banco alertó a la UIF.
Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy.
Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar el efectivo. Les solicitaron el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desconociendo incluso una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.
Desde el banco insistieron y consultaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual. La segunda respuesta fue diferente, en esta oportunidad los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora argumentaron que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno nacional.
Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.
Otro antecedente
En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.
El banco solo tenía la mitad del dinero que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en el intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.
Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempos más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad. En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora. Lo que está claro es que no querían dejar registros de los movimientos.
Fuente: Infobae
