Este miércoles, autoridades del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal interpusieron un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo para las personas privadas de su libertad comprendidas en las categorías de grupo de riesgo, con la edades exigidas, con o sin comorbilidades, para que sean incluidas en el plan provincial de vacunación contra el COVID-19.
La misma lleva la firma de la Defensora General Jaquelina Ana Balangione y el Defensor Regional con sede en la ciudad de Rosario, Gustavo Franceschetti, aludiendo a que la provincia no incorporó al proceso de vacunación a las personas privadas de su libertad, que cumplen con los mismos requisitos que son exigidos a la población general.
Omisión discriminatoria
Balangione y Franceschetti describieron la omisión discriminatoria de la autoridad sanitaria provincial por no instrumentar los mecanismos para inocular a la población carcelaria que reúne las condiciones exigidas por el plan general, siendo que muchas personas habrían sido inoculadas si estarían en libertad, y además aluden a un impedimento propio de las personas privadas de su libertad en dependencias provinciales, ya que el requisito de vacunación es que cada persona formule su inscripción completando una declaración jurada a través de un sitio web, y tales personas tienen vedada toda posibilidad de acceso a Internet por su condición, y no les pueden ser afectados -entiene el SPPDP. sus derechos que están protegidos constitucionalmente: tales el derecho a la salud y el derecho a la igualdad. La situación descrita se encuentra agravada en cuanto a que en distintas unidades del territorio provincial, los internos integran los denominados grupos de riesgo.
Inoculación
La presentación de Balangione y Franceschetti ante el juez competente, para que éste ordene tanto al Ministerio de Salud como al Servicio Penitenciario, el relevamiento correspondiente de la totalidad de las personas alojadas, y que se inocule a todas aquellas personas que corresponda conforme al plan provincial de vacunación.
