Solo de 2014 a 2019 en Santa Fe se contabilizaron 111 femicidios, de los cuales siete fueron cometidos por policías y uno por un integrante del Servicio Penitenciario. Para sumar medidas preventivas específicas en los escenarios de violencia por razones de género donde el denunciado es efectivo policial, la provincia sumó un protocolo de actuación que por primera vez establece "la quita preventiva del arma reglamentaria, independientemente del curso judicial de la denuncia y de cómo avance el sumario", según señaló la directora provincial de Género de la Policía, Noelia Figueroa.
La funcionaria recalcó que la guía rige para todas las Unidades Regionales de la provincia, incluye la unificación de los formularios de denuncia, "lo que permite evitar la pérdida de información" en el recorrido, e indicó que a la hora de evaluar la restitución del arma al denunciado, será sometido a una evaluación psicológica-psiquiátrica.
Si bien de acuerdo a los datos oficiales Santa Fe está algo por debajo del 13 por ciento de los femicidios y travesticidios cometidos hasta julio de este año por efectivos activos o retirados de la fuerzas de seguridad (según contabilizó el Observatorio de de la Organización MuMalá), el problema existió y existe en la provincia.
De hecho, hasta el 25 de agosto de este año la Subsecretaría de Bienestar y Género, en la Policía acompañó 126 situaciones de violencia de género, donde más de una vez el denunciado es un miembro de la fuerza. "Nos encontramos con distintos tipos de situaciones tomando en cuenta la relación entre denunciantes y denunciados, que pueden ser mujeres policías que denuncian a policías, mujeres civiles que denuncian a policías o mujeres policías que denuncian a civiles", explicó la funcionaria, aunque reconoció que la mayoría de las situaciones se da entre integrantes de la fuerza.
Hasta ahora, cada vez que un efectivo era denunciado el protocolo que se aplicaba era el que está previsto para la administración pública provincial y que rubricó el ex gobernador Miguel Lifschitz en 2019, indicó Figueroa. Una herramienta que no contempla elementos específicos del personal de las fuerzas de seguridad como es, ante todo, la portación de un arma de fuego.
Medidas preventivas y escucha
La funcionaria del Ministerio de Seguridad explicó que la guía "es específica para las áreas policiales que intervienen cuando el denunciado es un policía (en ejercicio o no de sus funciones)", que son el Departamento Judicial y la Sección Sumarios Administrativos, lo que pone en marcha ahora la capacitación del personal de esas áreas así como de Medicina Legal, que ya comenzaron a hacerlo.
"Lo más novedoso es que por primera vez se plantea la quita del arma como medida preventiva en las primeras horas de la denuncia, cuando se presentan los indicadores de riesgo que están planteados en la misma guía y sin la necesidad de medidas judiciales ni de la intervención de Medicina Legal", explicó Figueroa.
Esa instancia, en cambio, sí se realizará al momento de definir la restitución del arma a través de una evaluación que constará de diferentes instancias examinadoras y por lo menos tres entrevistas para determinar "si hay aptitud para la portación y/o tenencia de armas de fuego, así como establecer si el denunciado puede reincidir en el ejercicio de la violencia poniendo en riesgo a la denunciante o a otras personas de su entorno", indica la guía.
A esas medidas preventivas, suma detalles en la recepción de la denuncia y abordaje de las víctimas, sean estas mujeres o personas del colectivo LGTBIQ+, donde se establece una escucha activa del relato, un informe "claro, cordial y en un lenguaje comprensible para la víctima" de sus derechos y garantías, el acompañamiento en el proceso de la denuncia, la rapidez en la atención y la constatación de las lesiones.
Formulario único
La unificación de las denuncias en toda la provincia a través de "un formulario único" es otro de los pasos que Figueroa destaca en la elaboración del protocolo. "Es un registro único, donde quedan todos los datos que interesan, entre ellos cuáles son los espacios comunes que tiene el agresor con la víctima, de modo tal de poder proteger a las denunciantes", detalló.
Para la funcionaria, es esencial que "nada se pierde en el camino" y agregó: "Es además la formalización de un circuito que venía siendo poco claro, dificulta los acompañamientos y que hace que los abordajes difieran de una unidad regional a otra, y eso termina generando asimetrías".
Fuente: La Capital
