El presidente de Perú, Pedro Castillo, insistió en que su Gobierno respetará el marco jurídico en caso de una renegociación con el consorcio privado que maneja el yacimiento gasífero Camisea, que incluye dos compañías argentinas, con lo que matizó la advertencia de su jefe de gabinete, quien causó un remezón al hablar de nacionalizaciones.
"En este Gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor", escribió Castillo en Twitter tras un domingo de tensión.
Todo comenzó con un tuit del jefe de gabinete, Guido Bellido: "Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento", decía el mensaje, que desató reacciones políticas, empresariales y mediáticas.
El consorcio de Camisea, conformado por la empresa argentina Pluspetrol (27% de participación), la estadounidense Hunt Oil (25,4%), la surcoreana SK Innovation (17,6%), y la argentina Tecpetrol, la española Repsol y la argelina Sonatrach, con 10% cada una, es acusado por sectores peruanos de llevarse ganancias excesivas y no permitir que la población nacional tenga mejores precios de gas.
Castillo, del partido de izquierda Perú Libre (PL), prometió en su campaña "recuperar" Camisea y ponerlo al servicio de los intereses nacionales, lo que ha repetido ocasionalmente desde que asumió la Presidencia, a fines de julio, pero con matices de que no habrá expropiaciones y se respetará estrictamente a la empresa privada.
El asunto parecía en segundo plano, en especial después de que el mandatario hizo énfasis la semana pasada, en presentaciones ante la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y foros económicos internacionales, en que el suyo no será un Gobierno estatista, expropiador ni "comunista", como dicen sus adversarios de derecha, pero las palabras de Bellido lo reinstalaron.
Ataques de la oposición
El jefe de gabinete recibió respaldo de PL, pero fue atacado por partidos de oposición que le exigieron a Castillo que lo destituya o, de lo contrario, será el Congreso el que se encargue. De hecho, ya circula una moción para que jefe del gabinete acuda esta semana a darle explicaciones al Legislativo.
"Debe quedar claro que este recurso (el gas) debe ser prioritariamente para los peruanos", dijo la bancada parlamentaria de PL en un comunicado que agregó que las afirmaciones de Bellido "no son personales ni antojadizas (sino) una opinión franca y directa hacia una empresa que viene afectando los intereses del país".
"Vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo. El partido y el pueblo apoyan indudablemente", añadió de inmediato el fundador y líder de PL, Vladimir Cerrón, estrecho aliado de Bellido en pugnas que supuestamente hay en el interior del oficialismo.
Camisea, en la provincia selvática La Convención, departamento de Cusco, produce de 43 a 48 millones de metros cúbicos al día desde dos bloques manejados por Pluspetrol y uno por Repsol.
De allí, tras pasar por una planta que separa el gas líquido del seco, el producto recorre más de 500 kilómetros por un ducto hasta el puerto de Pisco, en el océano Pacífico, donde se fracciona para ir a Asia, Europa, México y al mercado interno.
El complejo, que comenzó a operar en 2004 tras dos décadas de negociaciones, produce 92% del gas natural de Perú y genera más de 40% de la energía eléctrica consumida en el país.
"Expropiar Camisea le costaría a Perú no menos de 30.000 millones de dólares. Eso implica todo el presupuesto de los sectores Salud, Educación y Transportes", aseguró en una entrevista de televisión el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias.
Según el secretario ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pablo de la Flor, el consorcio se enteró de la posible renegociación mediante el tuit de Bellido: "No ha habido un acercamiento, ningún puente que se haya tendido", criticó.
El experto en temas energéticos Anthony Laub señaló por su parte que un problema adicional sería que muy difícilmente Pluspetrol y/o Repsol se quedarían solo como administradoras en caso de ser expropiadas, por lo que la tarea de producción recaería en la estatal peruana Petroperú, que no tiene la experiencia.
Sectores oficialistas, que incluyen a Castillo y al ministro de Economía, Pedro Francke -militante de izquierda tachado por la cúpula de PL de "neoliberal"-, sí creen que en el marco del respeto a la legislación y a la propiedad puede haber negociaciones ventajosas.
"Estamos comprometidos en trabajar con todos los actores, para lograr consensos en función al bienestar concreto de la ciudadanía. Desde el Ministerio de Energía propiciamos el diálogo directo y mantenemos nuestra política de puertas abiertas. Hagamos las cosas bien", escribió en medio de la polémica el ministro Iván Merino.
La discusión reinstaló hipótesis sobre supuestos choques internos entre un bando flexible y otro duro, encabezados respectivamente por Castillo y Bellido -a nombre de Cerrón-, respectivamente, las que están instaladas desde que comenzó el Gobierno, que cumple dos meses mañana.
El profesor de la Universidad Católica de Perú Guillermo Salas dijo a Télam que Castillo, en medio de las muy difíciles relaciones con la oposición, podría estar en un dilema de si tomar un camino más radical o inclinarse por otro más de centroizquierda.
"Pero no hay una bola de cristal para saber cómo le iría en uno u otro caso", indicó.
Fuente: Telam
