El jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibió este miércoles al gobernador Omar Perotti para dialogar sobre la deuda por coparticipación y la situación de inseguridad.
Exactamente, se le deberán devolver a Santa Fe $ 54.023.114.304 millones por una causa y $ 14.036.708.553 por la otra. Y otros $ 18.000 millones por una queja radicada en la Corte en 2009.
El primer mandatario provincial manifestó que se realizó "en primera instancia la presentación por parte de la provincia del cálculo final en base al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció la forma de cálculo y actualización de la deuda de la Nación con la provincia. Un juicio que data de 2015 y no tuvo instancia de definición por no haber un acuerdo en el monto, la Corte falló en el mismo sentido que lo había hecho con la provincia de San Luis definiendo la modalidad de ajuste. Esa modalidad la hemos practicado y presentado al jefe de Gabinete que la conducirá al Ministerio de Economía que es el encargado final de la sentencia".
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Asimismo, dijo que la misma "establecía 120 días para proceder a la cancelación y es el trámite que continuará a partir de ahora. El ministro Manzur tiene en claro este tema, siempre fue partícipe de generar un acuerdo de la Nación con la provincia. Ya tuvimos reuniones con el ministro de Economía en la que se analizaron las modalidades de pago, es la instancia en la que Economía comenzará a instrumentar".
"Además, repasamos la situación puntual de la presencia de las fuerzas federales en la provincia, el jefe de Gabinete es alguien que quiere estar presente y seguramente estará en la provincia la semana que viene, también para ver cómo continuamos acompañando al sector productivo que viene en franca recuperación. Tenemos hoy a la provincia al tope de los índices de recuperación económica y de trabajo registrado", indicó.
Respecto a los puntos más importantes de la agenda provincial el año que viene, manifestó que "abordar el tema de la seguridad es implementar algo que el presidente ha definido, la nación argentina no puede permitir que en su territorio se generen hechos de violencia fruto de la acción de bandas narcocriminales. Se trata de una fuerte presencia federal, tanto de las fuerzas como de la justicia federal, fortalecer su estructura de investigación con la presencia de fiscales y jueces. También la generación de oportunidades para nuestra gente, no hay mejor política social que un puesto de trabajo; y en esa transición un fuerte impulso a los sectores productivos y con una presencia federal que genere acompañamiento a los sectores con mayores necesidades, no solo en la alimentaria básica, también de la mejora del hábitat".
