La aceleración de precios de febrero y marzo, que acumuló en esos dos meses un 11,7% de inflación, apura una discusión pendiente entre el Gobierno y el Fondo Monetario, que tendrán su primer cara a cara desde la concreción del nuevo programa financiero la semana próxima en Washington. Se trata de la “recalibración” de políticas y de algunos de los números incluidos en el acuerdo, algo pedido por el directorio del organismo y admitido por el Poder Ejecutivo.
El nuevo escenario de commodities a nivel mundial y su consecuencia en la inflación doméstica dejó vetustas las proyecciones de suba de precios explicitadas en la letra chica diseñada con el staff del Fondo Monetario. El escenario de base preveía una inflación de entre 38 y 48 por ciento anual para este año. Según el último relevamiento del Banco Central entre consultoras y fondos de inversión, el IPC anual esperado para todo 2022 ya alcanzó el 60 por ciento.
No es una posibilidad remota para el equipo económico. Una alta fuente del Poder Ejecutivo con incidencia en las políticas de precios se esperanzaba hasta hace algunas semanas con tener una inflación este año que sea similar al 50,9% de 2021, pero las nuevas condiciones hacen trabajar a la Casa Rosada con una expectativa menos ambiciosa y se conforman con lograr que un salto inflacionario como el de febrero y marzo no sea lo suficientemente extenso a lo largo de 2022 para que el indicador anual termine por encima del 60 o 65 por ciento.
Este jueves una de las voces más importantes del Fondo Monetario alertó sobre el efecto que tiene la aceleración inflacionaria en la actividad. La economista Ceyla Pazarbasioglu, directora del departamento de Estrategia, Política y Revisión del FMI -y quien tendrá un rol determinante en el proceso de evaluación del programa económico acordado- advirtió que “la inflación está paralizando la economía” argentina.
Para Pazarbasioglu, “la inflación es más dura para las personas más vulnerables” y por eso el Gobierno necesita tomar medidas para “domesticarla”. En ese contexto ubicó la decisión del Banco Central de este miércoles de retocar las tasas de interés para mantenerlas en un terreno positivo frente a la inflación. “Es parte del acuerdo que la Argentina cerró con el FMI”, declaró en una entrevista con Bloomberg TV.
Ya incluso antes de que se conociera el dato de inflación de marzo el Fondo Monetario ya había solicitado de manera oficial una recalibración temprana de las políticas incluidas en el programa económico. “Los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya se están materializando. En este contexto, la recalibración temprana del programa, incluida la identificación y adopción de medidas apropiadas, según sea necesario, será fundamental para lograr los objetivos del programa”, alertó la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva.
El directorio del organismo hizo consideraciones similares. “Al señalar que los efectos secundarios de la guerra en Ucrania se están materializando, los directores recibieron con beneplácito el acuerdo de las autoridades de adelantar la primera revisión del programa y las instaron a recalibrar las políticas, según sea necesario, para asegurar los objetivos fiscales y contener los efectos inflacionarios de segunda ronda de aumento de los precios de las materias primas”, reveló el FMI en un comunicado.
Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce participarán la semana próxima en la asamblea de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, en una agenda que incluirá cambio climático, la persistencia de la pandemia y los efectos económicos globales de la guerra en Ucrania. Para la Argentina implicará el primer contacto directo entre los funcionarios argentinos y los del FMI, tres semanas después de la aprobación del directorio y cuatro antes de la primera revisión trimestral de metas, prevista para mediados de mayo.
En el Gobierno evitan afirmar, a esta altura, qué margen de adaptación de las variables y políticas macro habrá en las conversaciones que se retomarán -al más alto nivel- en la capital norteamericana la semana próxima. Descartan, no obstante, cambios en las metas exigibles condicionales, es decir, en el objetivo de reducción de déficit primario (hasta 2,5% del PBI), recorte de la emisión monetaria para financiar ese déficit (1% del PBI) y acumulación de reservas por USD 5.200 millones este año.
La discusión estaría centrada, entonces, en cómo será el camino nuevo para llegar a cumplir esas metas. La inflación esperada es necesariamente una variable que incide en toda la diagramación del programa económico. Otra cuestión será el sendero de recorte de subsidios, que era originalmente de 0,6% del PBI pero que podría estar en peligro por la escalada de precios internacionales de la energía. En los primeros tres meses del año, de hecho, el gasto en subvenciones a la energía casi se duplicó en términos reales.
Entre el 10 y 12 de mayo la Secretaría de Energía llevará adelante las audiencias públicas que son el paso necesario para poder implementar aumentos en las tarifas energéticas. Según el organismo que conduce Darío Martínez, las subas de gas para los usuarios que no tengan tarifa social ni formen parte del 10% de la población de mayores ingresos, rondará el 21,5% y de 17% promedio para clientes de Edenor y Edesur que cumplan también con esas características.
El acuerdo con el FMI explicita una visión multicausal sobre la inflación, algo que según comentó Guzmán, llevó dos años de negociación con el staff del Fondo, históricamente más cerca de explicaciones monetarias y fiscales. El programa económico prevé que el camino de desaceleración de la inflación se logrará a través de un recorte del déficit primario, de menores envíos del Banco Central al Tesoro, de un colchón de divisas más grueso y de políticas de precios e ingresos.
En el memorando de políticas económicas, elaborado por el Ministerio de Economía y el Banco Central, el Poder Ejecutivo se comprometió a “reducir la inflación en un rango de 38%-48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024″, se esperanzaba el equipo económico en ese momento.
“La estrategia de desinflación se basará en un enfoque de varios frentes que abarcará políticas fiscales, monetarias y de precio-ingreso, adecuadamente calibradas. Se prevé que estas políticas ayuden a apuntalar la demanda de dinero, que, tras la caída registrada en 2021, se espera que en general se mantenga constante como proporción del PBI”, continuó.
“Mientras tanto, la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial también debe apoyar la competitividad externa, con un régimen bien concebido y calibrado de gestión de flujos de capital que facilite aún más la acumulación de reservas”, apuntó el equipo económico.
Sobre las tasas, menciona que “al determinar la tasa de interés real se tendrán en cuenta indicadores coincidentes y prospectivos de la inflación que se actualizarán mensualmente, en comunicación con el personal técnico del FMI, teniendo en cuenta también otros factores, como la evolución de las reservas. Esto ayudará a garantizar que, en adelante, las tasas de interés de los depósitos bancarios a plazo sigan siendo positivas en términos reales, a fin de apoyar la demanda de depósitos en pesos y el desarrollo de un mercado interno de títulos públicos”.
En el staff report publicado tras la aprobación del directorio, el equipo técnico del organismo fue un poco menos optimista. “La inercia de la inflación (incluso de los esquemas de indexación formales e informales), la baja credibilidad del banco central, las expectativas no ancladas y los desajustes de precios relativos existentes se suman a los desafíos de reducir la inflación. Las proyecciones también están sujetas a incertidumbres elevadas, incluso debido al reciente aumento de los precios mundiales de la energía y los alimentos”, aseguraron.
El FMI afirmó no estar en contra de políticas de ingresos y precios, pero desalentó los esquemas de controles “coercitivos”. “Es importante destacar que también será esencial una fuerte coordinación con las políticas fiscales, con políticas voluntarias de ingresos que desempeñen un papel de apoyo en el contexto de una alta inercia inflacionaria”.
De todas formas, planta bandera sobre cuáles deberían ser los límites de esa aproximación. “Deben evitarse los enfoques coercitivos (controles de precios involuntarios, prohibiciones de exportación, impuestos/cuotas de exportación más altos), ya que la protección a los hogares de la crisis de los precios de los alimentos y la energía se lograría mejor a través de los programas de protección social bien focalizados existentes”, mencionó el documento.
Fuente: Infobae
