El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunció que el gobierno Nacional, a través del secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez, entre otros funcionarios, entregó “de manera irregular y grosera 23.000 hectáreas de tierras privadas y del Estado provincial al Movimiento Evita”, una de las organizaciones sociales alineadas con la Casa Rosada. La presentación judicial será realizada mañana por el Fiscal de Estado de esa provincia, Mariano Miranda.
Además de ser funcionario nacional, Gómez es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita. Los principales referentes de esa organización son también dos integrantes del gobierno de Alberto Fernández: Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social, organismo que depende del ministerio de Desarrollo Social; y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, que depende de la Jefatura de Gabinete.
“Se repartieron 23.000 hectáreas a 65 militantes. A algunos les dieron 1200 o 1500 hectáreas de una Reserva Provincial o de tierras privadas”, resumió Morales en declaraciones a Infobae.
En diálogo con este medio, Miranda precisó que las carpetas con la “constancia de reconocimiento de posición tradicional” se realizó el 19 de abril pasado. Que los beneficiarios son 63 familias, la mayoría de las cuales “ya tienen procesos judiciales abiertos por usurpación y pedidos de desalojo o son arrendatarios de los propietarios de las tierras”.
En el acto en el cual se entregó la documentación, además de los funcionarios, estuvo presente José Surita, referente del Movimiento Evita de Jujuy.
“El compañero Miguel Gómez hizo entrega de 63 carpetas donde se reconoce y se releva esas tierras para que los campesinos y ganaderos no sufran el desalojo al que nos tienen acostumbrados algunos terratenientes o amigos del poder político de turno en donde los despojan de las tierras”, celebró el referente del Evita y explicó que esas carpetas podrán ser presentadas en los juzgados en dónde están radicadas las denuncias por toma de tierras que realizaron la provincia o los legítimos dueños.
“Las carpetas tienen una cartografía que delimita la posesión de las tierras (entre 5 y 1.700 hectáreas) para que ahora al productor rural no se las pueda sacar nadie”, disparó el referente social.
Morales, a través de la fiscalía de Estado, denuncia, por los presuntos delitos de “usurpación de autoridad receptado en el artículo 246 inc. 3 del Código Penal y de Abuso de autoridad”, a los tres funcionarios que firmaron o participaron. Se trata del secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que depende del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; a María José Castillo, Directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, organismo que depende del mismo ministerio; y Cecilia Iriarte, Intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales.
Esta última fue denunciada porque dispuso, sin tener facultades para hacerlo, la entrega de unas 600 hectáreas “de dominio del estado provincial a la familia Alvarado-Armenta”. Estas tierras, describe el texto de la denuncia judicial a la que accedió Infobae , forma parte de la “reserva natural Las Lancitas”.
“En este caso -dice el escrito- se observa nuevamente un nivel de irresponsabilidad con el que se ha procedido a efectuar la documentación en cuestión. La más patente irregularidad deriva, por supuesto, de que tal reconocimiento de la posesión en cuestión se efectúa sobre territorios de dominio público provincial, no habiéndose, en momento alguno, efectuado consulta o requerimiento alguno a autoridad administrativa o judicial de la provincia”.
Según pudo constatar este medio, tal como aseguró el Fiscal de Estado, la mayoría de las personas a las que se les entrego las carpetas con las constancias de reconocimiento de posición tradicional de tierras, tienen litigios judiciales, muchos de ellos ya con fallos en contra, por reclamar parcelas de tierras de las cuales no pudieron acreditar su propiedad. Es más, en algunos casos, solo pudieron constatar que son arrendatarios de campos registrados a nombres de otras personas o sociedades.
Entre ellos figura, por ejemplo, Normando Mamani. Según la denuncia del gobernador Morales y la Fiscalía de Estado, a Mamani “los funcionarios nacionales lo reconocieron ilegalmente como poseedor de más de 70 años en el Paraje Santa Fe por 600 hectáreas y, sin embargo, su demanda de acción prescriptiva de dominio había resultado rechazada por la Sala IV Civil y Comercial de la Provincia, en 12 de diciembre de 2008″.
En el marco de ese expediente, el " A 06012/99 Ordinario por Prescripción adquisitiva de dominio, los magistrados intervinientes consideraron que, pese a que los actores manifestaron que su posesión databa, en ese momento, de 47 años, ‘no hay pruebas que corroboren tales dichos, pues no produjo otros medios probatorios que lo acrediten, ni hay elementos que permitan suponer que esa ocupación arrancó varios años atrás’”.
En ese caso, como en otros, como el de la familia Páez, también beneficiada con certificados por más de 500 hectáreas, el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que junto al Evita y otras agrupaciones que integran el Frente de Todos, integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), marcharon ante los tribunales para apoyar a los denunciados por la usurpación de las tierras.
En ese caso, según el expediente judicial, las tierras son propiedad de la empresa “El Mistol”, entre otros accionistas.
En esa movilización, realizada en 2018, el Movimiento Evita y la CTEP aseguraban con “con este juicio buscan desalojar a las familias campesinas para desmontar 12.000 hectáreas y sembrar soja. Por eso lo que está en juego es la soberanía alimentaria de los pueblos”. El fallo resultó favorable a los demandantes y hay una orden de desalojo que hasta ahora no se cumplió.
La denuncia
Según la denuncia penal que mañana aterrizará en los tribunales federales de Jujuy, los tres funcionarios acusados, “arrogándose atribuciones del gobierno provincial y en abuso de sus competencias legales, procedieron a emitir instrumentos de reconocimiento de posesión a particulares y sobre territorios que o bien pertenece al domino público provincial o bien son de titulares privados”.
El escrito también asegura: “La manifiesta ilegalidad de tales acciones emana de la sola lectura del propio contenido de la documentación emitida por los funcionarios nacionales en cuestión”. Y precisa: “En ellos se consignan, sin aportar ningún tipo de información que obre de respaldo u oficie de sustento empírico, un listado de supuestos ‘poseedores tradicionales’ y que “pese a estos evidentes vicios de fundamentación, en tal documentación se afirma tanto la antigüedad de los alegados actos posesorios, las superficies involucradas, así como los destinos a los que estarían aplicados los inmuebles y su ubicación”, que no fueron sustentados con documentación sino que se basan en “meras declaraciones verbales de quienes se afirman propietarios y resultan, fundamentalmente mediante esas solas manifestaciones, reconocidos como ‘poseedores tradicionales’”.
En diálogo con Infobae, el Fiscal de Estado de Jujuy destacó que con la entrega de esos certificados, “los ‘beneficiarios’ de estos actos al ulterior inicio o la continuación de reclamos de titularidad ante la justicia, ahora podrán respaldarlos por estos actos ilegalmente emitidos en representación del gobierno nacional”.
Mariano Miranda también puntualizó: “Los actos en cuestión, fueron concretados sin dar ningún tipo de intervención a alguna autoridad judicial competente ni a las dependencias provinciales correspondientes y con atribuciones legales y constitucionales específicas a esos efectos”.
“Peor aún, en ningún caso, la documentación producida por los funcionarios denunciados incorpora algún tipo dato o referencia que permita identificar a los titulares registrales de las tierras ni se provee información sobre la precedencia de conflictos o reclamos en sede judicial o administrativa”, apuntó.
El Fiscal de Estado recuerda también que las 23.000 hectáreas entregadas a través de funcionarios vinculados al Movimiento Evita, como lo es el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, “continúan siendo objeto de procesos litigiosos, de juicios de desalojo, así como de denuncias por usurpación, entre otras”.
Por su parte, la denuncia judicial afirma que la entrega de esas tierras por parte de funcionarios nacionales es de “grosera ilegalidad”.
Fuente: Infobae
