El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, presentó hoy un proyecto de ley para la creación de una Agencia Federal Antinarcotráfico que centralice la lucha contra la distribución mayorista y la venta minorista de droga en todo el país.
Según el artículo 2 del proyecto, “la Agencia Federal Antinarcotráfico será una institución armada, especializada y jerarquizada profesionalmente, cuya misión primaria es preparar, articular, operacionalizar y evaluar la respuesta integral y policial apropiada, en materia específica de los tipos penales contenidos en la Ley 23.737 (tráfico de estupefacientes)”.
Esta nueva fuerza de seguridad, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, estará nutrida de efectivos propios capacitados únicamente para combatir el tráfico de sustancias ilegales. Para los impulsores del proyecto, esta especialización permitirá un aumento de la efectividad y la eficiencia de la fuerza.
Sin embargo, al principio la agencia atravesará un período de “transición” durante el cual podrá requerir la participación de unidades de otras fuerzas de seguridad para llevar adelante sus operaciones, mientras los recursos humanos propios terminan su formación.
Según detallaron desde el equipo del ex ministro de Seguridad bonaerense, esta nueva estructura no generará mayores gastos burocráticos ya que progresivamente absorberá los recursos y centralizará las unidades especializadas en narcotráfico de las diferentes fuerzas federales de seguridad, como la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura.
Los impulsores del proyecto tomaron elementos de diferentes experiencias internacionales -como la DEA de Estados Unidos y la Agencia Antinarcóticos de Colombia, entre otros- para el diseño organizacional de la agencia. El número de efectivos se definirá en relación a las necesidades de cada momento; su titular será designado por el Poder Ejecutivo y tendrá el rango de Director Nacional.
Con el objetivo de favorecer la centralización de las investigaciones y de las operaciones contra el narcotráfico, el proyecto de ley estipula que las fuerzas de seguridad deberán “informar en forma inmediata a la Agencia Federal Antinarcotráfico cualquier actividad, evento o circunstancia” que se relacione con la venta de drogas para su intervención. La Agencia también deberá promover la “relación institucional con otros organismos internacionales de carácter similar o afines, con el objeto de compartir experiencias, datos, información, conocimientos, tecnología para el fortalecimiento de la fuerza”.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el narcotráfico mueve grandes sumas de dinero y, por lo tanto, tiene una importante capacidad de penetrar y corromper en las estructuras estatales, los promotores del proyecto consideran que una estructura centralizada facilitará las tareas de fiscalización.
La “DEA argentina” será controlada por una Comisión específica en el ámbito del Congreso de la Nación compuesta por ocho diputados y por ocho senadores, “designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas’'.
Desde el PRO señalaron que el narcotráfico y el narcomenudeo son los principales promotores de crímenes violentos como robos y homicidios. Por lo tanto, un trabajo enfocado en cortar las redes de distribución y anular la capacidad operativa de las grandes bandas generará como consecuencia una disminución de los delitos en general. “Así como logramos que baje el robo de autos en la provincia de Buenos Aires atacando primero a las bandas de desarmadores”, ejemplificaron.
“Mi experiencia en el Ministerio de Seguridad de la Provincia me permitió advertir que en cada delito detectado había un componente relacionado con las drogas. Por eso dimos un combate frontal, destruyendo bunkers, empatizando con los familiares de los adictos y coordinando actividades específicas con la Nación, los municipios y todos los poderes del Estado”, dijo el jefe del bloque PRO.
El proyecto presentado por Ritondo (PRO) cuenta con un amplio aval del arco opositor, ya que tiene las firmas de Mario Negri, jefe de la bancada de la UCR; Juan Manuel López, presidente de bloque de la Coalición Cívica; Rodrigo de Loredo, de Evolución; Emilio Monzó, de Encuentro Federal; y José Luis Espert, de Avanza Libertad. También tuvo el apoyo de Federico Angelini, presidente de la comisión de Narcotráfico, y Ramiro Gutiérrez, diputado massista del Frente de Todos y titular de la comisión de Seguridad Interior.
Sin embargo, su aprobación en Diputados deberá sortear el escollo de la paridad entre las fuerzas mayoritarias. Sin los votos del Frente de Todos o del Interbloque Federal el panorama es incierto. Más complicado aún será en el Senado, donde Cristina Kirchner y sus aliados tienen mayoría.
En caso de que el proyecto no avance en el Congreso, la iniciativa servirá como propuesta para la campaña a gobernador de Ritondo, que busca disputarle la candidatura del PRO a Diego Santilli. Fue en este contexto que el apoyo de la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que salió a difundir la iniciativa a través de las redes sociales, fue interpretado como un guiño de cara a la interna.
“Como muchos de los desafíos que tiene Argentina para construir un mejor futuro, la lucha contra el narcotráfico necesita de políticas de Estado que trasciendan gobiernos y banderas políticas”, concluyó Ritondo.
Fuente: Infobae
