Siguiendo la propuesta impulsada en la Ciudad de Buenos Aires, el 7 de julio pasado tomó estado parlamentario el proyecto que buscaba prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de Jujuy. Sin embargo, la iniciativa oficialista se retrotrajo a partir de las repercusiones negativas. El presidente del bloque Frente Cambia, Alberto Bernis, confirmó la decisión por medio de un escueto comunicado.
El Gobierno de la Ciudad prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas y el propio Horacio Rodríguez Larreta defendió la medida al considerar que se “tienen que respetar las reglas del idioma español” tanto en frente del aula como en las comunicaciones con las familias. La propuesta generó todo tipo de posturas y tras cinco amparos presentados, ya se desarrolló la primera audiencia.
Días después de dicha propuesta, el Gobierno de Jujuy se sumó y realizó un proyecto similar para que sea aplicado en esa provincia. Sin embargo, la repercusión negativa que tuvo la iniciativa fue contundente, y quienes impulsaron el proyecto decidieron retirarlo de la Legislatura.
La iniciativa denominada “Proyecto de Ley Referente: ‘Uso Correcto del Idioma Español en las Escuelas’” en Jujuy fue propuesto por el diputado Luciano Angelini. Si bien el miércoles pasado tomó estado parlamentario, este viernes el presidente del bloque oficialista Frente Cambia Jujuy, Alberto Bernis, solicitó retirarlo por medio de un breve comunicado donde no se brindaron los motivos de dicha decisión.
El proyecto de ley pretendía prohibir el uso del lenguaje inclusivo “en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada”. Además, se remarcó que en dichas instituciones se debía hacer “uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española (RAE)”.
En el articulado también se especificaba que la medida debía ser aplicada por los docentes en las actividades tanto dentro como fuera del aula y en las comunicaciones institucionales.
Si bien la propuesta contaba con el apoyo de los legisladores radicales, provocó la reacción negativa por parte de distintas instituciones educativas, artistas y colectivos indígenas y de la diversidad. De hecho, el colectivo de docentes jujeños emitió un comunicado donde sostuvo que la prohibición del lenguaje inclusivo atenta los derechos colectivos y “niega la posibilidad de cientos de niñeces y adolescencias a ser nombradas (Ley 26.743)”.
En defensa del uso del lenguaje inclusivo, los educadores sostuvieron que garantiza derechos y libertades. En un marco similar, la Comisión Organizadora por la Marcha del Orgullo, junto a colectivos LGBTI+ de Jujuy repudiaron la iniciativa debido a que también restringía otros idiomas o manifestaciones culturales lingüísticas que no forman parte de la RAE.
Ante dicha situación, las distintas organizaciones y colectivos tildaron al proyecto como “inconstitucional” y consideraron que los espacios educativos deben garantizar los derechos e inclusión. Por su parte, el Consejo Nacional de Políticas Indígenas (CNPI) cuestionó el proyecto y planteó que “Gerardo Morales prohibió el uso de idiomas indígenas” debido a que pretende el uso “exclusivo” del español en el sistema educativo, informó la agencia de noticias Télam.
Por tal motivo, Daniel Segovia, titular del CNPI sostuvo que medidas como esas prohíben la identidad de todo lo que es originario en una provincia donde el 75% de la población con descendientes de originarios.
Más allá del proyecto, que finalmente fue retirado de la Legislatura por el propio bloque que la impulsó, el Ministerio de Educación se hizo eco del impacto en el lenguaje indígena y se aseguró que “desde 2016 se vienen generando diferentes acciones para garantizar el derecho que tienen los pueblos a recibir una educación adecuada a su cultura y a su lengua”. De hecho, en un reciente comunicado, se destacó la incorporación de docentes de lengua quechua y guaraní para la enseñanza en las escuelas.
Fuente: Infobae
