Defaulteadores y defaulteados se cruzaron duro durante la audiencia pública de la comisión de seguimiento del caso Vicentin que se realizó ayer en la Legislatura santafesina. Los primeros, en la defensa de la propuesta de pago que realizó la empresa en el marco del concurso preventivo, hoy en suspenso por la avocación de la Corte Suprema de Justicia Santa Fe. Los segundos, en reclamo de la apertura de un proceso de cram down que permita recuperar la cerealera a través de una asociación entre los acreedores comerciales y el Estado. En el medio, diputados, ex funcionarios, representantes de los trabajadores y fiscales coincidieron en reiterar la pregunta fundacional del proceso que se inició con el default del gigante cerealero: dónde están los u$s 1.500 millones que pidió y no pagó.
La comisión de seguimiento del caso Vicentin, que funciona en el ámbito de la Cámara de Diputados de Santa Fe, sesionó ayer. Su titular, el diputado Luis Rubeo, destacó el objetivo de “mantener en valor” a la empresa, con la participación del Estado y “todos los actores involucrados”. Es decir, acreedores perjudicados, trabajadores y gobiernos nacional y provincial.
Su colega Rubén Giustiniani destacó que a lo largo de 30 meses de proceso concursal “quedaron claras” dos cosas: “una que Vicentin dejó de ser aquella histórica empresa familiar cuando empezó un plan de offshorización que trasladó el corazón del negocio a Vicentin Family Group y comenzó a vaciar Vicentin Saic, y otra, que los directivos de la empresa no lograron recuperar la confianza perdida”.
El tortuoso concurso de Vicentin derivó hace dos meses en la avocación del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, que pidió el expediente y suspendió al juez que lo lleva adelante, Fabián Lorenzini.
El ex director del Banco Nación Claudio Lozano, pionero en denunciar que el “estrés financiero” declarado por la compañía encubría una estafa, dijo en el marco de la audiencia que el máximo tribunal santafesino actuó justo “cuando la maniobra se estaba por consumar”. Y recordó que pidió por escrito a los ministros de la Corte fue la apertura del proceso de cram down.
El representante del sindicato de aceiteros de Reconquista, Leandro Monzón, denunció que la propuesta de Vicentin, que incluye la asociación con tres grandes cerealeras (Viterra, ACA y Bunge), no garantiza la continuidad del llamado Nodo norte, que involucra a más de mil trabajadores.
Y el abogado Gustavo Feldman, uno de los querellantes en la causa penal que se lleva adelante en Rosario, aseguró que la oferta de pago realizada por Vicentin, que prevé la cancelación de 20% del pasivo a la mayoría de los acreedores, “es fraudulenta porque pretenden pagar la deuda con el botín robado”. También llamó la atención sobre la ausencia de representantes actuales del Banco Nación, mayor acreedor, en la audiencia.
A su turno, acopiadores, cooperativistas y productores que entregaron granos a Vicentin, como el caso de Francisco Mariani y Sebastián Balbi, contaron cómo debieron ajustarse y endeudarse para cumplir los compromisos asumidos luego de que la cerealera interrumpiera los pagos y se quedara con la mercadería.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos de Rosario, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, resumieron el estado de la investigación por presunta estafa. En la causa, que este último denominó como de “cuello blanco”, hay 14 imputados. Antes de fin de año se presentará la acusación.
En representación de Vicentin, el director Estanislao Bougain defendió la propuesta de pago de la cerealera y aseguró tienen “exceso” de votos para su aprobación una vez que, como se mostró confiado, la Corte “devuelva el expediente a la Justicia de primera instancia”. Defendió la venta del 33% de acciones del grupo en Renova para pagar las deudas porque “es la única forma concreta de pagar”. Y dijo que el plan de la cerealera y sus socios es el único que se presentó formalmente y el que garantiza capital de trabajo para ponerla en marcha nuevamente. “Hacen falta u$s 600 millones para ponerla en marcha”, desafió. Si bien reconoció las penurias que el default provocó los acreedores que hablaron en el recinto, les espetó: “La mayoría que pasó lo mismo que ustedes aceptó la oferta”.
Le contestó Mariano Grassi, titular de Commodities SA, principal acreedor comercial privada de Vicentin y actor principal del fideicomiso conformado por productores, acopiadores y cooperativas que impulsan una recuperación productiva en asociación con el Estado. Dijo que Vicentin y sus socios estratégicos están “juntando votos para aprobar una propuesta ilegal”, por la cual, un puñado de acreedores cobrará 250% del crédito verificado mientras otros 1.600 cobrarán menos del 20% de su acreencia. “Sobre una deuda de u$s 1.500 millones, van a pagar u$s 300 millones y con la venta de las acciones que tienen en Renova, que es la joya de la abuela”, indicó. Aclaró que no hubo otra presentación en el concurso de acreedores porque, justamente, estaba vigente el período de exclusividad. E invitó a los directivos de la firma a medir las distintas propuestas en el cram down.
Y advirtió que “en un contexto en el que la industria aceitera trabaja con un alta capacidad ociosa, el interés de los socios estratégicos presentados por Vicentin (Glencore, ACA y Bunge) es simplemente porque les regalan las instalaciones”. Pero advirtió que “los fierros sin soja para procesar son sólo fierros viejos” y que para recuperar los granos hay que recuperar la confianza de los acreedores comerciales. “No compartimos la idea de reventar al campo para comprar activos baratos”, disparó. Y tras quejarse de que Vicentin “agita la grieta en busca de apoyo político para borrar de un plumazo una deuda de más de u$s 1.300 millones”, bramó: “Acá la única grieta es entre estafadores y estafados”.
El cierre estuvo a cargo del diputado provincial Carlos Del Frade, quien también respondió a Bougain: “Si traen los u$s 791 millones fugados meses antes del default de Vicentin ahí tienen el capital que pide para volver a poner en marcha la empresa y, además, les queda un vuelto”. El legislador advirtió que no puede haber solución que no respete la continuidad de las operaciones del llamado nodo Norte, que es “la cuna de la compañía”. También se quejó del “desinterés político” de los gobiernos provincial y nacional.
Fuente: LaCapital
