Los propietarios de un predio en jurisdicción de Alto Verde, más precisamente del sector conocido como “Nativo”, denunciaron ante las autoridades del Ministerio Público de la Acusación las acciones delictivas desarrolladas en las últimas horas por parte de intrusos, las que continúan hasta este momento.
En el lugar, dos poderosas retroexcavadoras pertenecientes a la empresa VIALFE comenzaron a remover tierra y provocar destrozos en todo el sector comprendido entre el terreno ocupado por la agrupación Los Tobas y el río, siendo esta misma agrupación representada por un Sr. que dice llamarse Ricardo Blanche, quien posibilitó el ingreso de las máquinas desde el referido predio que usa dicha agrupación.
En esa zona se habían realizado trabajos de nivelación del terreno por parte de los legítimos propietarios y según pudo saberse, el ingreso de dichas maquinas, tendría como objeto no solo usurpar un predio ajeno, sino además construir una bajada de lancha para una futura guardería náutica (en un terreno que no les pertenece) y que además no se encuentra autorizada por la Municipalidad.
Lo más llamativo del caso, es que estas acciones usurpadoras y depredadoras , contaron con una inusual presencia de personal policial: en el lugar estuvieron apostados por varias horas 5 patrulleros quienes celosamente se encargaron de resguardar esta operación para que nadie la impida. Ante el reclamo por la situación que se había generado, quiénes estaban al mando de las acciones indicaron que actuaban con el aval de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, que contaban con una orden de Fiscalía y que lo hacían además bajo órdenes expresas del propio jefe de la Policía de la Provincia, Comisario Miguel Oliva. Sin embargo, en ningún momento exhibieron documentación que avalara esas manifestaciones verbales .
Representantes de los propietarios del predio pudieron constatar que ni desde la Secretaría de Recursos Hídricos ni desde el Ministerio Público de la Acusación emanaron las supuestas órdenes para la realización de trabajos en el lugar, y todos los funcionarios a los que se les consulto, manifestaron que no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo, trasladando la supuesta responsabilidad a otros estamentos de la administración pública.
Además de la intrusión y el daño provocado en propiedad privada, hay otro hecho gravísimo para destacar: todo el material removido en lo que se conoce como Zona de Riesgo II - según lo establecido por la autoridad en materia de recursos hídricos – está siendo depositado en la zona más cercana al río, considerada Zona de Riesgo I, lo que está expresamente prohibido ya que es el lugar previsto para el escurrimiento del agua.
Es llamativo que ante la denuncia y la evidencia de lo sucedido todavía no se haya verificado intervención alguna de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia (y que el personal policial continúe en ese mismo lugar como que no fuera imprescindible en otras zonas donde la seguridad no ciertamente brilla) y que con esa pasividad e inacción se permita que las acciones se sigan desarrollando incluso en un clima de tensión, amenazas e insinuaciones de violencia por parte de los usurpadores. Es llamativa esta cierta inacción ante la celeridad demostrada en ocasiones anteriores.
En definitiva, estamos ante otro hecho más en el que se debería actuar desde los estamentos públicos y no se hace, se desentienden o bien actúan de forma que hasta podría ser interpretada como de una parcialidad manifiesta.
