En las regiones mineras del sur de Perú, sacudidas por letales manifestaciones tras la destitución del expresidente izquierdista Pedro Castillo, los líderes de la protesta prometen una lucha "interminable" contra el Gobierno, lo que amenaza con desestabilizar aún más a la nación andina.
Diecisiete personas murieron el lunes tras choques con la policía en la región de Puno, en el peor día de violencia desde la expulsión de Castillo el 7 de diciembre, que lleva un saldo total de 39 fallecidos en enfrentamientos mientras que otras siete personas murieron en accidentes relacionados a bloqueos.
La ira en el sur andino continuará arreciando, dijeron a Reuters líderes de las protestas, un gran riesgo para grandes empresas internacionales en el segundo mayor productor mundial de cobre, como el grupo chino MMG Ltd que controla la mina Las Bambas y Freeport-McMoRan, que opera Cerro Verde.
"La lucha es indefinida", afirmó por teléfono Edgar Chura, dirigente y portavoz del Frente de Defensa de Puno, en frontera con Bolivia, antes de los intensos enfrentamientos del lunes.
Chura cree que el exmandatario Castillo fue "obligado" a leer el mensaje de la nación en la que anunció el cierre del Congreso, una medida ilegal y fuera del margen constitucional.
El dirigente dijo que una demanda clave de las regiones del sur era el cambio de la actual Constitución, favorable al mercado y vigente desde la gestión del presidente Alberto Fujimori, quien gobernó en la década de 1990. Chura dice que la Carta Magna es la "enemiga del pueblo en lo económico y político".
Las protestas, provocadas por la destitución y arresto de Castillo -quien trató de disolver el Congreso para evitar un voto de juicio político-, han centrado su enojo contra la nueva presidenta Dina Boluarte y el Congreso de mayoría conservadora, ampliamente desacreditada y vista como corrupta.
Los manifestantes quieren nuevas elecciones este año para depurar el Congreso y una asamblea para redactar una nueva Constitución. Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú y que fue vicepresidenta de Castillo, ha tratado de apaciguar a la protesta ofreciendo elecciones dos años antes, en abril de 2024.
Pero las otras demandas de los manifestantes no se pueden cumplir porque no están en sus manos, dice Boluarte, que parecía haber controlado la situación porque las protestas se enfriaron debido a las fiestas de fin de año. Boluarte habla la lengua andina quechua y el español y proviene de un pequeño pueblo.
No obstante, con el nuevo estallido de violencia, su administración está ahora bajo más presión, atrapado entre un Congreso hostil y votantes rurales enojados que sintieron que Castillo, aunque deficiente, era su representante frente a la élite política tradicional como exmaestro e hijo de campesinos.
"En el sur (Castillo) siempre tuvo respaldo y aprobación, entonces hay un sector que auténticamente siente que sacaron al político que los representaba", dijo Jeffrey Radzinsky, director de consulta política de Grupo Fides Perú (GFP).
¿Venganza?
El sur de Perú, una zona pobre llena de cobre, había sido clave en el ascenso inesperado de Castillo en las elecciones del 2021, cuando Boluarte fue su candidata a la vicepresidencia.
Castillo ganó apoyo con promesas de reformar la Constitución, redistribuir las riquezas del cobre y empoderar a los grupos indígenas marginados. Pero fracasó en medio de acusaciones de corrupción y de marchas y contramarchas con cinco gabinetes y más de 80 ministros en solo 17 meses de poder.
Aún así, su arresto parece haber borrado parte de esa decepción, encendiendo la ira popular contra los políticos tradicionales a los que muchos culpan de la enorme desigualdad entre la rica capital costera de Lima y las provincias del interior.
"El pueblo peruano no quiere este Congreso. No queremos a la recién nombrada presidenta Dina Boluarte", dijo Antonio Choque en una reciente protesta en la sureña región de Ica; y culpó a los conservadores por derrocar a Castillo. "Queremos su renuncia inmediata, el cierre del Congreso y una nueva constitución".
Boluarte inició su gestión con un índice de popularidad del 21%, similar a Castillo antes de su destitución, aunque el apoyo al Congreso es mucho menor, de solo el 13%, según una encuesta de la Ipsos Perú realizada tras el fallido autogolpe.
El primer ministro Alberto Otarola dijo el lunes que las protestas están siendo impulsadas por "dinero oscuro" e intereses extranjeros que buscan desestabilizar a Perú. Dijo que 75 policías resultaron heridos en los enfrentamientos y prometió nuevas medidas para restaurar el orden público. Los líderes de la protesta dicen que la propuesta del Gobierno de adelantar en dos años las elecciones no es suficiente.
José Luis Chapa, dirigente de la central de trabajadores de Arequipa que promueve las protestas, dijo que los comicios deben realizarse este año si el gobierno quiere diálogo y calificó el plan electoral para abril del 2024 como una "burla".
"El acuerdo es no conversar con ninguno del gobierno, mucho menos con Dina Boluarte, porque hay un acuerdo de desconocer este gobierno", afirmó el dirigente, y agregó que las protestas serían "escalonadas" en el sur del país sudamericano.
Otros están planeando una posible marcha a Lima.
En Ayacucho, otra de la zonas golpeadas por los recientes disturbios, Rocío Leandro, dirigente del Frente de Defensa de Ayacucho, dijo que el enojo se había agudizado por la muerte de 10 personas en su región en diciembre, y solicitó la renuncia de Boluarte para permitir un gobierno de transición.
"Eso está comenzado, no se tiene miedo, pese a que manejan las armas letales que han cegado la vida de nuestros hermanos, nos estamos organizando y continuaremos con ello", manifestó.
