Este miércoles 10 de enero marca la fecha límite en el juicio por la expropiación de la petrolera YPF. En estas horas decisivas, la jueza neoyorkina Loretta Preska debe determinar si activará los embargos contra Argentina. Concretamente, la sentencia adversa al Gobierno Nacional, que lo condena a pagar la suma de USD 16.100 millones, podría ser ejecutable hoy.
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En el contexto del caso de la reestatización de YPF en 2012, el Gobierno Nacional solicitó el pasado lunes una última prórroga para evitar la activación de embargos contra el país, cuyo plazo límite estaba establecido para el miércoles.
El escrito presentado ante la jueza de la causa tiene como objetivo evitar la fijación de plazos con fecha específica para la ejecución de posibles pagos en caso de falta de garantías. En este sentido, los abogados del estudio Sullivan & Cromwell solicitaron que no se considere el 10 de enero como fecha límite para que el Gobierno argentino presente garantías.
La causa y condena
El proceso judicial relativo a la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF es la causa más destacada y de mayor repercusión económica para la Argentina. En la primera instancia, la jueza Preska determinó que el Estado Argentino, durante el proceso de reestatización de la compañía, infringió el estatuto de la petrolera, causando perjuicio a los accionistas minoritarios, incluyendo a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Como resultado, Argentina fue condenada al pago de una indemnización, aunque eximió de responsabilidad a YPF.
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Es importante destacar que, en la primera fase del juicio, Argentina recibió una condena para abonar la cantidad de USD 16.000 millones a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park como compensación indemnizatoria.
La realidad es que, para evitar la ejecución de la sentencia, la jueza estableció como condición que Argentina ofrezca como garantía el 26% de las acciones de YPF. Además, solicitó un crédito pendiente por una supuesta deuda que Paraguay tendría con Argentina por la construcción de la represa Yacyretá, estimada en aproximadamente USD 2000 millones al valor actual desde el período de construcción de la represa.
También se propuso utilizar como activo en garantía el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. La jueza Preska aceptó los dos primeros requerimientos, pero rechazó el referente al FGS, ya que estaba comprometido con los haberes jubilatorios.
En realidad, los dos activos designados como garantía presentan dificultades para ser prendados. Por un lado, la entrega de las acciones de YPF requiere la autorización del Congreso según la ley de Expropiación de la petrolera de 2012. Por otro lado, no hay documentación que respalde la supuesta deuda paraguaya.
