La suba de retenciones a los productos con valor agregado es uno de los puntos más calientes del debate por el proyecto de ley ómnibus que envió el Gobierno al Congreso. En los distintos sectores de la industria advierten por la pérdida de empleo y la caída en las exportaciones que podría generar. Señalan que, a pesar del incremento de las alícuotas, se recaudaría menos por el cierre de mercados externos. Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe presionan para retirar el artículo pero Javier Milei no cede con la suba de impuestos.
A esta hora, la batería de medidas incluidas en el proyecto “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” tiene final incierto. El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría pero entre los firmantes predominan las divergencias. Los contrapuntos están justamente en los capítulos que más le importan al Gobierno: la baja del gasto por la poda en las jubilaciones y la suba de impuestos vía mayores retenciones.
Sobre este último punto, el Gobierno concedió la baja a 0% sobre unas 30 economías regionales pero no cede en la suba hasta el 15% para los productos industrializados. En diálogo con Ámbito, el economista especialista en desarrollo productivo, Leandro Mora Alfonsín, consideró: “El incremento de retenciones planteado tiene un marcado sesgo anti-industrial. El sector hoy paga un promedio de 2,2% en derechos de exportación, este proyecto de ley planea subir al 15% sin mediar consideraciones estratégicas”.
La Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes (AFAC) elaboró un detallado informe en el que advierte que “un aumento al 15% de retenciones dejaría fuera de competencia a gran parte de la actividad exportadora de autopiezas”. En ese sentido, detalló que “se pasa de una situación actual de una contribución marginal del 4% a una situación de contribución marginal negativa del 8%, tornando inviables las operaciones”.
En el sector, que exporta a 114 países con un promedio de valor de la tonelada de u$s6.600, aseguran que en el “cortísimo plazo” corren serio riesgo unos 5.000 puestos de trabajo y exportaciones por unos u$s370 millones.
Por su parte, la agroindustria calculó las pérdidas en u$s2.294 millones en cuánto al ingreso de divisas y en u$s452 millones en el plano de la recaudación fiscal. El informe que estudian en los despachos de las cámaras del sector lleva la firma del consultor agropecuario Pablo Andreani y argumenta que “la medida de aumentar las retenciones al aceite y la harina de soja, pega de lleno en la menor rentabilidad de los productores, por el menor precio recibido cuando venda su producción, lo que reduce la capacidad de compra del producto soja de la industria aceitera en 10 u$s/ton, por lo que afecta la competitividad de todo el sector agroindustrial exportador”.
La Federación de Industrias de Santa Fe también hizo sus cálculos. Armó una comparación con dos escenarios, el primero bajo el actual esquema de derechos de exportación y un segundo con el que propone el Gobierno. En este último estimaron que las manufacturas de origen agropecuario podrían caer un 20% y las de origen industrial un 50%. Anticipan así una caída de u$s4.105 millones en las ventas al exterior y de u$s93 millones en la recaudación.
Para Mora Alfonsín, el nuevo esquema da incentivos a la primarización y menor complejidad a la canasta exportadora. En la misma línea, se expresó en su cuenta de X Tomás Karagozian, CEO de Tn&Platex: “Cuidar las Economías regionales sería cuidar a las cadenas de valor de las economías regionales. No podemos imponer retenciones del 15% a la industrialización a contra mano del mundo (que lo promueve). Se afectarán sectores industriales que generan dólares y muchísimo empleo federal”, publicó.
Este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor en desregulación económica de Javier Milei, Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenelini, recibieron a los dirigentes de las principales entidades empresarias del país: UIA, CAME, CAC, Sociedad Rural, entre otras. Buscaron en esa reunión poner a las cámaras al frente del lobby legislativo para aprobar el proyecto de ley ómnibus. Pero los empresarios consideran que esa misma normativa volverá como un boomerang sobre la producción nacional y la salida exportadora.
Fuente: Ambito
