Este viernes, como consecuencia de una discusión en un boliche ubicado en el sótano de un bailable ubicado en bulevar Gálvez y San Luis, un muchacho apuñaló a otro en la calle. La víctima fue trasladada en un patrullero hasta el hospital Cullen, donde fue identificado como Ezequiel Bustos de 29 años, quien fue asistido por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico, que constataron que presentaba heridas de arma blanca en el tórax. Finalmente la víctima quedó internada en la unidad de terapia intensiva en estado crítico.
Testimonio
Ludmila, familiar de Bustos, dijo “que un muchacho la agredió verbalmente dentro del boliche, su familiar salió en su defensa, y cuando salieron a la calle, en la esquina de bulevar Gálvez y San Luis, Bustos y el agresor pelearon ante la presencia policial que estaba en el lugar, sin que intervinieran para evitarlo”.
Además, agregó “los policías tampoco persiguieron al agresor, y en principio se negaban al traslado de su familiar herido y ensangrentado en el tórax, hasta que finalmente lo hicieron”.
Declaración
La situación derivó en que Ludmila declarara ante la justicia sobre el suceso, que por su naturaleza es una tentativa de homicidio contra la víctima, y conforme lo declarado ante los medios de comunicación, los policías estarían incursos en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y en lo reglamentario “debilidad funcional”.
Peritajes criminalísticos
Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque criminal contra la víctima herida y el desarrollo de los acontecimientos con participación de personal policial a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con la fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de los testigos del suceso, la realización de los peritajes criminalísticos, los que fueron realizados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.
También, la fiscalía ordenó el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, que pudieran contener imágenes que describen la ocurrencia del ataque criminal, con miras a la identificación del agresor.
