La interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación solicitando que se investigue si hubo maniobras para la posible comisión de delitos de falsificación y/o adulteración de documentos (certificados médicos) y el uso de documentos falsificados ante la Caja para obtener réditos económicos. En la nota elevada al MPA, se hace referencia a la tramitación de solicitudes del beneficio que prevé se otorgue “hasta un 10 % de anticipo (del seguro) a aquellos afiliados que acrediten tres meses de afiliación, cuando se comprobare que sufren una enfermedad terminal según correspondientes actuaciones médicas”.
Al respecto, desde la Caja se detectó una serie de trámites para reclamar este beneficio por parte de afiliados que presentan como característica común ser todos oriundos de la ciudad de Reconquista, y que todos son patrocinados por el mismo abogado y/o licenciada en Trabajo Social. Asimismo, la denuncia detalla que “en todas estas solicitudes se observan situaciones anómalas en torno a los certificados médicos aportados por los afiliados para solicitar los beneficios, y que fueran advertidas por la asesora médica de este organismo”. Concretamente, “se ha verificado informalmente por el personal de esta Caja que los profesionales que supuestamente habrían emitido los certificados médicos en cuestión han desconocido la confección de los mismos o bien se han advertido agregados y/o alteraciones en su contenido referidos a la mención de «enfermedad terminal» que en ellos consta, entre otras”.
Ante esta situación, desde la Caja advierten al MPA que “entendemos que podrían haberse cometido delitos de acción pública tales como falsificación de documentos y/o su utilización, previstos en los arts. 292 y 296 del Código Penal de la Nación, ya que dichos certificados dudosos han sido usados por los afiliados para justificar -entre otra documentación médica- la solicitud de beneficios de la seguridad social que otorga esta Caja”, indica la presentación. En consecuencia, desde la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado piden al MPA que dé inicio “a las medidas investigativas que correspondan”, y a su vez manifiesta su intención de “ser parte querellante para contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados”.
