Por Juani Citroni
Una de las empresas adjudicatarias de la obra del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé fue procesada por la justicia federal en una causa por presuntos sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos. Se trata de Lemiro Pietroboni S.A., compañía que integra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a SE.MI. S.A. y Cosivial S.A., la cual presentó la oferta más baja en la licitación y se adjudicó la obra por un monto de $39.811.464.459,07.
Otro escándalo que salpica a la obra pública
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Lemiro Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A., y a otras 11 personas, en el marco de una investigación que involucra a exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El expediente judicial revela maniobras fraudulentas en la ejecución de obras viales, incluyendo sobornos y falsificación de documentos para el cobro indebido de trabajos no realizados.
El fallo del magistrado señala que la investigación se basa en testimonios clave de auditores y supervisores de obra que detectaron irregularidades en la construcción de rutas nacionales. Una de las principales acusaciones apunta a la manipulación de los datos de terraplenes, lo que permitía facturar más metros de los realmente construidos, generando así un sobrecosto para el Estado y retornos ilegales para los implicados. Según la investigación, las empresas que tenían la obra cobraban sobreprecios por trabajos que no se realizaban y paralelamente contrataban a empresas con prestanombres cercanos a los funcionarios para asegurar el "retorno".
Este caso es uno de los primeros en los que se aplica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en investigaciones por corrupción empresarial. La norma permite sancionar a empresas que hayan participado en delitos como el pago de sobornos y el fraude al Estado.
La adjudicación del puente y el impacto político
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, anunció días atrás la adjudicación de la obra del nuevo puente, tras la apertura de sobres realizada el pasado 20 de diciembre. La propuesta ganadora de la UTE conformada por Lemiro Pietroboni S.A., SE.MI. S.A. y Cosivial S.A. superó a otras nueve ofertas presentadas. Sin embargo, la noticia del procesamiento judicial contra una de las empresas adjudicatarias generó incertidumbre y podría poner bajo la lupa el proceso.
La revelación de que una empresa procesada por corrupción ha sido adjudicada con una obra de tal magnitud en Santa Fe ha generado incertidumbre. Cabe preguntarse entonces: ¿no hay revisiones exhaustivas de los antecedentes de las compañías a las que se adjudican obras en Santa Fe? ¿Se le puede pasar por alto un "detalle" tan grande al Gobierno provincial siendo que el procesamiento de Casanello esta firmado en el mes de diciembre?
En los próximos días, se espera que las autoridades provinciales brinden algún tipo de explicación o consideración respecto a los criterios de selección para una obra tan importante y si se tomarán medidas ante este escándalo. A medida que avance el proceso judicial, podrían surgir nuevas implicaciones políticas y económicas, mientras que la transparencia en la ejecución del nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé podría quedar en el centro de la discusión pública.
Detalles del caso judicial
La causa, iniciada en diciembre de 2017 por una denuncia del entonces administrador general de la DNV, Javier Iguacel, investiga hechos ocurridos entre 2017 y 2018. El juez Casanello procesó a tres directivos de las empresas involucradas, entre ellos Maximiliano Pietroboni, y a exfuncionarios como Guillermo Crisci, excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de la DNV, quien habría participado en la maniobra fraudulenta.
Entre las pruebas presentadas en el expediente, se destacan documentos que revelan la alteración de mediciones en terraplenes de obras viales y testimonios de empleados que se negaron a participar en la operatoria, pero que eran "apretados" por sus superiores para entrar: “bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho –según declaró el testigo-: “así como te puse, te saco"
La investigación también apunta a la existencia de empresas pantalla que habrían servido para canalizar los sobornos.
Embargo millonario y nuevas medidas
Como parte de las resoluciones judiciales, el juez ordenó un embargo por $632.381.436,96 sobre los bienes de Lemiro Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A., lo que refuerza la gravedad de las acusaciones. Además, se dispuso que la causa sea remitida a la Subsecretaría de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción para evaluar posibles falencias en los mecanismos de control estatal sobre la obra pública.
