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Fraude en Vialidad de Entre Ríos: PDI realizó allanamientos en Santa Fe

La investigación involucra a funcionarios y empresarios por presuntos sobreprecios y presupuestos inflados. Se secuestró documentación en dos operativos en la capital provincial. 2

28 de octubre de 2025


La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, en colaboración con la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, ejecutó este martes dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe. Los operativos, realizados en domicilios de avenida Facundo Zuviría al 4700 y bulevar Gálvez al 1800, se enmarcan en una causa por presunta defraudación a la administración pública de la Dirección de Vialidad del Gobierno de Entre Ríos.

En los procedimientos realizados en la capital santafesina, a cargo de la Oficina de Delitos Informáticos de la PDI local y personal entrerriano, se secuestró una gran cantidad de documentación y otros elementos de interés. Todo el material será remitido a la autoridad judicial competente en Entre Ríos para su correspondiente análisis en la causa.

Una investigación que abarca cuatro provincias 

Las medidas fueron ordenadas por el fiscal entrerriano Gonzalo Badano, a raíz de una denuncia presentada por el propio gobierno provincial de Entre Ríos ante presuntas irregularidades en Vialidad. En total, se ejecutaron 15 allanamientos: varios en la ciudad de Paraná y otros simultáneos en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y los dos mencionados en Santa Fe.

La denuncia fue radicada formalmente por el titular de la Dirección de Vialidad entrerriana (DPV), Enrique Donda, ante las firmes sospechas de actos de corrupción ocurridos durante el año 2024.

La maniobra investigada

Según trascendió, al menos cuatro funcionarios públicos de la repartición entrerriana estarían seriamente comprometidos en las maniobras. La investigación se centra en contrataciones y compra de mercaderías con evidentes sobreprecios.

La principal hipótesis es que se gestionaban presupuestos premeditadamente inflados para distintos rubros. Por esta razón, entre los acusados también figuran empresarios y responsables de firmas proveedoras que actuarían como cómplices en la defraudación.