A días del recambio legislativo, el Gobierno nacional asume que podría enfrentar una derrota parlamentaria con un impacto político acotado. El Senado tratará esta semana los pliegos de los futuros integrantes de la Cámara alta y, entre ellos, el de Lorena Villaverde —electa por Río Negro para el bloque de La Libertad Avanza— aparece como el más controvertido. La oposición busca impedir su asunción, argumentando antecedentes judiciales vinculados a una causa por narcomenudeo en Estados Unidos hace más de 20 años.
La comisión de Asuntos Constitucionales debatirá este miércoles el conjunto de pliegos, pero el peronismo solicitó incluir formalmente la impugnación a Villaverde. En el oficialismo admiten que no desplegarán una estrategia fuerte para sostener su incorporación, debido a que el caso podría afectar el impulso de un nuevo intento por retomar el proyecto de Ficha Limpia, rechazado por el Senado en mayo pasado.
Fuentes parlamentarias del bloque oficialista reconocen que el rechazo al pliego aparece como el escenario más probable. “No habría demasiada insistencia de nuestra parte, porque queremos presionar por Ficha Limpia y defenderla no ayudaría”, señaló un dirigente involucrado en las negociaciones.
Villaverde —actual diputada— fue señalada durante la campaña por una supuesta detención en Florida por transportar cocaína, hecho que aún genera controversia. Ella misma difundió videos en redes sociales sometiéndose a pruebas toxicológicas para intentar desmentir esas acusaciones. En caso de que su designación sea bloqueada, el lugar sería ocupado por su suplente, Enzo Fullone, quien trabaja actualmente en Vialidad Nacional.
La oposición no solo apunta a la senadora electa: también se analizan objeciones sobre las bancas que deberían ocupar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la legisladora electa Nadia Márquez, figuras centrales del bloque libertario a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, el caso Villaverde concentra la mayor atención, especialmente porque el peronismo contaría con los votos necesarios en comisión para impulsar el rechazo.
En paralelo, otro debate tenso se proyecta para esta semana: el interbloque peronista busca avanzar con el proyecto que restringe el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa llega desde Diputados con modificaciones y reabre la discusión sobre los límites formales que debe tener el Ejecutivo a la hora de legislar por decreto. Durante su paso por la Cámara baja, se eliminó un artículo clave —que fijaba un plazo de 90 días para que el Congreso se pronunciara sobre un DNU— lo que obligará a un nuevo debate en el Senado.
El escenario político en la Cámara alta se moverá así entre impugnaciones, negociaciones internas y un oficialismo que busca minimizar el costo de una probable derrota, mientras intenta recuperar terreno en iniciativas más amplias, como la discusión por Ficha Limpia.
