Aunque ya transcurrieron diez años desde la desaparición de Maximiliano Sosa en la ciudad de Ceres, la causa judicial sigue activa y bajo seguimiento de la Fiscalía Federal con sede en Rafaela, que en los últimos meses dispuso una serie de medidas tendientes a obtener información concreta sobre el paradero del niño.
Maxi tenía tres años cuando fue visto por última vez el 21 de diciembre de 2015 en el barrio Juan Pablo II. Hoy tendría 13, y su búsqueda permanece abierta en el fuero federal, luego de que el expediente fuera reencauzado ante la posibilidad de que se haya tratado de un delito de mayor complejidad, con posibles derivaciones fuera de la provincia.
En ese marco, en octubre de este año el fiscal federal Gustavo Onel firmó un dictamen en el que ordenó diligencias consideradas urgentes para profundizar la investigación. Entre las principales medidas, se ofició a todas las morgues judiciales del país para que informen si, desde el 18 de diciembre de 2015, ingresaron cuerpos NN correspondientes a niños varones de entre 3 y 12 años, un rango etario que permitiría contemplar el paso del tiempo desde la desaparición.
La medida apunta a descartar —o eventualmente confirmar— hipótesis vinculadas a fallecimientos no identificados, una línea de investigación que hasta el momento no había arrojado resultados concluyentes. Desde el ámbito judicial reconocen que se trata de una diligencia extrema, pero necesaria ante la ausencia de datos certeros sobre el destino del menor.
Además, la Fiscalía Federal volvió a requerir información a los Registros Civiles de varias provincias. En concreto, se reiteró —bajo apercibimiento de ley— el pedido a las direcciones del Registro de las Personas de Salta, Córdoba, Santiago del Estero y Entre Ríos, distritos sobre los cuales ya se habían solicitado informes en febrero de 2021. El objetivo es detectar eventuales inscripciones irregulares, cambios de identidad o movimientos administrativos que puedan vincularse con el caso.
En paralelo, se dio intervención formal a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, organismo que manifestó su disposición a colaborar con la búsqueda. Desde la Fiscalía valoraron ese acompañamiento institucional, que permitirá ampliar el alcance de las medidas y reforzar la articulación con otros estamentos del Estado.
Fuentes judiciales señalaron que, si bien no existen novedades concretas sobre el paradero de Maxi, la causa no está cerrada ni archivada. Por el contrario, se encuentra en una etapa de revisión y profundización de líneas investigativas que, con el paso del tiempo, adquieren mayor complejidad.
A diez años del hecho, la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar qué ocurrió con Maximiliano Sosa y dar respuestas a una de las desapariciones más conmocionantes del norte santafesino.
