El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, se prepara para aprobar una medida histórica en materia migratoria: la tramitación de un Real Decreto que permitirá regularizar la situación de aproximadamente medio millón de inmigrantes indocumentados. La iniciativa, fruto de un acuerdo político entre el PSOE y Podemos, busca combatir la economía sumergida y otorgar seguridad jurídica a miles de extranjeros que ya residen y trabajan en el país.
El anuncio, realizado tras las negociaciones encabezadas por la eurodiputada Irene Montero, esquiva la necesidad de una convalidación parlamentaria. De esta forma, el Ejecutivo supera la falta de apoyos en el Congreso para avanzar con una política que reconoce una realidad social innegable.
Requisitos y pruebas flexibles
El punto central de la normativa establece que podrán acceder a los papeles todas las personas que se encontraran en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten un mínimo de cinco meses de residencia efectiva.
Conscientes de las dificultades que enfrentan los inmigrantes para acceder al empadronamiento oficial, el Gobierno flexibilizó los medios de prueba. La permanencia podrá demostrarse mediante:
- Empadronamiento municipal.
- Informes médicos de la salud pública.
- Contratos de suministros (facturas de luz, agua o internet).
- Certificados de envío de dinero: una herramienta clave para quienes no figuran en contratos de alquiler.
Beneficios inmediatos: “Papeles” por un año
El decreto establece un mecanismo de regularización exprés. La sola admisión a trámite de la solicitud generará dos efectos inmediatos:
- Se otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año.
- Se suspenderán los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión administrativa que pesaran sobre el solicitante.
Una vez cumplido ese primer año, los beneficiarios podrán gestionar una autorización ordinaria bajo el reglamento de extranjería vigente.
El impacto en la comunidad argentina
Si bien la inmigración irregular en España está encabezada mayoritariamente por ciudadanos de Colombia (290.000), Perú (110.000) y Honduras (90.000), la medida es una buena noticia para la comunidad argentina.
Actualmente, residen legalmente en España unos 415.000 argentinos (de los cuales el 44% posee doble nacionalidad). Sin embargo, existe un segmento que permanece en la irregularidad y que ahora tendrá una ventana de oportunidad para formalizar su estatus. Según datos de la fundación Funcas, el 91% de los inmigrantes sin papeles en España proviene del continente americano.
Este proceso se suma a los ocho procesos extraordinarios de regularización que España ha implementado desde la década de 1980, tanto bajo gobiernos socialistas como conservadores, reafirmando una política de Estado pragmática frente a los flujos migratorios.
