La crisis ambiental que azota al sur del país podría tener una respuesta legislativa inminente. El Gobierno nacional admitió que se encuentra analizando la incorporación de la Ley de Emergencia Ígnea al temario de sesiones extraordinarias del Congreso, previsto para iniciar el próximo lunes 2 de febrero. La medida busca dotar de herramientas financieras y operativas rápidas a las provincias que hoy combaten incendios forestales fuera de control.
La iniciativa surge como respuesta directa al pedido unificado de los gobernadores patagónicos. Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) oficializaron el reclamo ante la gravedad de un escenario que ya dejó un saldo de 230 mil hectáreas afectadas.
Evaluación en la mesa chica
Fuentes cercanas a la mesa política del presidente Javier Milei confirmaron que la solicitud está en estudio. “Podría ser”, deslizaron desde el oficialismo, aclarando que si el diagnóstico técnico coincide con los parámetros del Ejecutivo, el proyecto se sumará a la lista de temas a tratar hasta el 27 de febrero.
Aunque la mesa política aún no ha cerrado el debate formalmente —se espera una definición en la reunión de la próxima semana—, reconocen la urgencia. Actualmente, los Ministerios de Seguridad y Defensa ya han enviado recursos para contener los focos, pero la sanción de la ley permitiría un despliegue mucho más robusto.
Qué permite la ley
La aprobación de la Emergencia Ígnea es clave para destrabar la burocracia estatal en medio del desastre. De sancionarse, la norma habilitaría al Poder Ejecutivo a:
- Destrabar fondos extraordinarios y reasignar partidas presupuestarias de forma inmediata.
- Agilizar la contratación de medios aéreos (aviones y helicópteros) y equipamiento específico.
- Fortalecer la coordinación logística entre la Nación y las provincias.
- Brindar asistencia directa y planificada a las poblaciones y productores damnificados por el avance de las llamas.
Mientras el fuego continúa su avance, la decisión ahora está en manos de la Casa Rosada, que podría utilizar el recinto legislativo para dar una señal política y ambiental fuerte hacia el interior del país.
