En un giro radical para la política energética del país, el Parlamento de Venezuela sancionó este jueves una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La medida busca revertir décadas de control estatal absoluto y atraer la inversión extranjera necesaria para reflotar una industria devastada por la crisis y la desinversión.
La normativa, aprobada de forma unánime, representa el desmantelamiento de los pilares legales impuestos hace veinte años por el fallecido Hugo Chávez. Según el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, esta ley está diseñada para ofrecer “seguridad jurídica” y adaptarse a las “prácticas internacionales”, marcando un hito en la reconstrucción económica del país.
Los puntos clave de la reforma
El nuevo marco legal introduce cambios estructurales que buscan recuperar la confianza de los mercados globales:
- Fin de las restricciones operativas: Se flexibiliza la participación de empresas no estatales en todas las etapas del proceso (exploración, producción y comercialización).
- Arbitraje Internacional: Por primera vez en décadas, el país reconoce el arbitraje internacional como mecanismo para resolver disputas de inversión, un requisito histórico de las grandes petroleras.
- Asunción de riesgos: Los inversores privados asumirán los costos operativos y el financiamiento, a cambio de una mayor autonomía frente a la estatal PDVSA.
- Soberanía de recursos: Aunque el Estado mantiene la propiedad de los yacimientos, la gestión operativa pasa a ser más flexible para los socios privados.
Un contexto de cambio político y presión externa
Este movimiento legislativo ocurre en un clima de alta tensión y transformación política, semanas después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. La actual administración de Delcy Rodríguez, bajo la presión del gobierno de Donald Trump, ha cedido en la apertura del sector como vía principal para generar divisas.
Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la reforma como un “gran avance”, aunque advirtió que recuperar la industria —que cuenta con las mayores reservas probadas del mundo (303.000 millones de barriles)— requerirá de esfuerzos que van más allá del papel.
La ley entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial, dejando atrás el modelo de empresas mixtas con mayoría estatal que, en 2006, provocó la salida de gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips.
