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Diputados tratará la baja de la edad de imputabilidad en una sesión especial el próximo jueves

El oficialismo y bloques aliados alcanzaron un consenso para establecer la responsabilidad penal a partir de los 14 años. El proyecto incluye un régimen de penas alternativas y programas de reinserción especializados.

04 de febrero de 2026


Tras una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloque, se acordó convocar a una sesión para el próximo jueves con el objetivo de tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil. Previamente, el miércoles, las comisiones de Justicia, Familia, Presupuesto y Niñez se reunirán en plenario para emitir el dictamen correspondiente, respetando los acuerdos alcanzados el año pasado.

Aunque la propuesta inicial del Ejecutivo planteaba los 13 años como límite, la presión de bloques como el PRO y la UCR inclinó la balanza para fijar la edad de imputabilidad en los 14 años. Asimismo, se estableció un tope de 15 años de prisión efectiva para delitos de extrema gravedad, como homicidios o abusos sexuales.

Financiamiento y reclamos provinciales

Un punto clave para destrabar la negociación fue la inclusión de un apartado presupuestario. Ante el reclamo de los gobernadores por los costos que implica la implementación del sistema, la Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios para que la Nación financie los gastos operativos adicionales que demanden las provincias.

Claves del nuevo sistema de penas

El proyecto establece que la privación de la libertad sea el último recurso. En su lugar, se priorizarán medidas restaurativas y penas alternativas para delitos que no involucren violencia grave o muerte:

  • Penas alternativas: Incluyen servicios comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico y prohibición de acercamiento a las víctimas.

  • Centros especializados: Los menores condenados deberán ser alojados en institutos específicos, con personal capacitado en niñez y sin contacto con detenidos adultos.
  • Tratamiento integral: Se garantizará el acceso a la educación, atención médica y programas para el tratamiento de adicciones.
  • Mediación penal: Se habilitará para infracciones leves, siempre que exista consentimiento expreso de la víctima y supervisión judicial.