A casi un año de la crisis sanitaria provocada por el uso de fentanilo adulterado en Argentina, familiares de las víctimas volverán a instalar el tema en la agenda pública con la presentación de un proyecto de ley y un reclamo directo al Congreso de la Nación. El encuentro se realizará este 24 de abril y reunirá a legisladores, especialistas y referentes vinculados a la problemática.
La iniciativa surge en un contexto de fuerte malestar por la falta de avances institucionales tras una tragedia que dejó un saldo de 111 personas fallecidas y decenas de pacientes con secuelas. Las familias consideran que, pese a la gravedad de los hechos y al trabajo de la comisión investigadora parlamentaria, aún no se han implementado medidas concretas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
El eje central de la propuesta es la creación de un sistema de trazabilidad integral para medicamentos de alto riesgo, especialmente aquellos de uso intrahospitalario. Según sostienen, en la actualidad no existe en el país un mecanismo unificado que permita seguir el recorrido completo de estos fármacos, desde su producción hasta su administración, lo que dificulta la detección temprana de fallas o desvíos.
La causa judicial, que tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, avanzó tanto sobre actores del sector privado como sobre funcionarios públicos. En ese marco, se confirmaron procesamientos vinculados a empresas, mientras que ex autoridades de organismos de control fueron imputadas por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con la investigación, el caso del fentanilo adulterado no habría sido un hecho aislado, sino la consecuencia de una serie de advertencias previas que no derivaron en acciones eficaces. Entre 2018 y 2024 se registraron numerosos reportes por problemas de calidad en medicamentos, muchos de ellos confirmados, así como decenas de expedientes por irregularidades graves.
Uno de los puntos más críticos señalados es que, pese a detectarse irregularidades en un laboratorio y recomendarse su inhabilitación, la medida no se habría aplicado de manera efectiva. Esto permitió que continuara la producción y distribución de medicamentos, incluyendo el lote posteriormente vinculado al brote.
La alerta sanitaria, según la reconstrucción del caso, surgió desde el ámbito hospitalario y no a partir de los organismos de control, lo que expuso falencias en la capacidad de respuesta del sistema. También se detectaron problemas en la comunicación entre instituciones y en los mecanismos para retirar rápidamente los productos contaminados del circuito sanitario.
En este escenario, las familias insisten en que la respuesta no puede limitarse al ámbito judicial. Plantean la necesidad de reformas estructurales que fortalezcan los controles, mejoren la fiscalización y permitan actuar con mayor rapidez ante eventos críticos.
El encuentro en el Congreso buscará reactivar el debate legislativo y avanzar en una agenda que eleve los estándares de seguridad farmacológica. Para los familiares, el objetivo es claro: que la tragedia marque un punto de inflexión y derive en cambios concretos que garanticen mayor protección para la población.
