Los padres de un adolescente de 13 años acusado de realizar una amenaza de tiroteo en una escuela presentaron el primer rechazo formal contra la intimación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe, que les exige el pago de más de seis millones de pesos en concepto de costos operativos y administrativos derivados de la intervención estatal.
La presentación fue realizada este 5 de mayo por M.E.C., padre del menor, y también por J.F., su madre, ante la cartera que conduce el ministro Pablo Cococcioni. El escrito fue dirigido además a la Subsecretaría Legal y Técnica, a cargo de Blanca M. Diakaki.
Cuestionamientos al reclamo
En el recurso, la familia rechaza de manera expresa la existencia de una deuda exigible y cuestiona la validez de la intimación. Sostienen que la comunicación oficial carece de sustento jurídico, ya que —afirman— no constituye un acto administrativo válido ni surge de un procedimiento previo que determine responsabilidades concretas.
Además, señalan que el reclamo no detalla los fundamentos técnicos que justifiquen el monto de $6.024.944 que se pretende cobrar, ni individualiza adecuadamente los hechos que darían origen a esa supuesta obligación.
Desde la defensa plantean que, sin acto administrativo, sin procedimiento y sin determinación clara de responsabilidades, no puede existir una deuda exigible, y califican la situación como una “presión estatal”.
Exposición pública y perspectiva de niñez
Otro de los ejes del planteo es la exposición pública del adolescente involucrado. Según consta en la presentación, el caso estuvo atravesado por la difusión mediática y declaraciones de funcionarios que habrían vulnerado derechos del menor.
En ese sentido, se menciona que el propio ministro se refirió al joven en términos que consideran inapropiados, lo que —afirman— contribuyó a su estigmatización y a la identificación del grupo familiar.
La familia sostiene que el accionar estatal generó consecuencias concretas, como situaciones de hostigamiento y amenazas por parte de terceros, y cuestiona la falta de resguardo de la intimidad del menor en un caso que requería una intervención con perspectiva de niñez.
Despliegue policial y actuación estatal
El escrito también pone en duda el procedimiento mediante el cual se notificó a la familia, al señalar un despliegue policial que consideran desproporcionado. Según indican, incluyó la presencia de varios efectivos y móviles en el domicilio, en lo que describen como una “puesta en escena” más que una notificación administrativa regular.
Para la defensa, la secuencia de los hechos —exposición pública, intervención policial y posterior reclamo económico— configura un patrón de actuación que deberá ser analizado desde el punto de vista legal.
Un caso que recién comienza
La presentación marca el inicio de una estrategia judicial más amplia que buscará revisar la legalidad del reclamo, determinar eventuales responsabilidades y evaluar los perjuicios ocasionados.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá responder a los cuestionamientos y fundamentar el origen del reclamo económico en un caso que, además de su dimensión judicial, abre un debate sobre los límites de la actuación estatal y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
