En el marco del debate legislativo por la regulación de la actividad de los cuidacoches en Santa Fe, la Cámara de Diputados fue sede de un encuentro clave con intendentes y secretarios de Control de las principales localidades de la provincia. Durante la reunión, los representantes de los municipios se mostraron predispuestos a acompañar una ley provincial, aunque advirtieron sobre las dificultades técnicas y operativas para su implementación efectiva en el territorio.
La discusión giró en torno al proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que busca establecer un marco contravencional para quienes ejercen la actividad en la vía pública. Los intendentes subrayaron que, si bien comprenden la necesidad de una norma, la regulación del espacio público es una potestad municipal que requiere un análisis más profundo sobre la capacidad de respuesta de cada localidad.
Preocupación por la estructura municipal y las sanciones
Uno de los puntos centrales del reclamo fue la falta de estructura suficiente en los municipios para gestionar el sistema de contravenciones. Los mandatarios explicaron que la ley, tal como está planteada, generaría una gran cantidad de actas y procesos administrativos que las áreas de control locales no están en condiciones de procesar actualmente.
Asimismo, se advirtió que el proyecto de ley de cuidacoches establece como requisito la vigencia de ordenanzas locales, una herramienta legal con la que muchos municipios santafesinos aún no cuentan. Esta asimetría regulatoria fue uno de los ejes de la reunión, donde se analizó cómo unificar criterios entre ciudades con realidades tan diversas como Rosario, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Rafaela.
Un abordaje responsable de la problemática
Desde el cuerpo legislativo destacaron que la tarea de legislar sobre este tema debe hacerse con extrema responsabilidad, evitando soluciones apresuradas para un problema que calificaron como complejo. Se señaló que la realidad de los cuidacoches en Santa Fe está vinculada a situaciones de vulnerabilidad social, pobreza y, en ciertos casos, violencia, lo que demanda un abordaje integral.
Los diputados confirmaron que continuarán recibiendo a diferentes actores sociales, incluyendo posturas de la Pastoral Social y organizaciones civiles, para introducir los cambios necesarios al texto normativo. El objetivo final es lograr una ley que sea aplicable y que sirva como una herramienta real para mejorar la convivencia urbana en toda la provincia.
