La Justicia Federal de Santa Fe rechazó una acción de amparo colectivo presentada por organizaciones ambientalistas y referentes sociales que pretendían suspender la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná hasta que el Estado nacional realizara una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa sobre toda la cuenca del río Paraná.
La sentencia fue firmada el pasado 5 de junio por el juez federal Gastón Salmain, quien concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” en las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional. De esta manera, también fueron rechazados los pedidos para suspender el Decreto 709/2024 y declarar la inconstitucionalidad del DNU 699/2024, que regula actividades vinculadas al dragado, señalización y control de la vía navegable.
Un respaldo al proceso licitatorio
El fallo representa un importante respaldo judicial para la continuidad de la licitación de la principal ruta fluvial del comercio exterior argentino. En sus fundamentos, Salmain sostuvo que las diferencias técnicas, científicas o políticas planteadas por los demandantes no constituyen por sí mismas una ilegalidad que justifique la intervención excepcional de la Justicia mediante una acción de amparo.
Además, el magistrado remarcó que la protección ambiental no implica reemplazar las decisiones de la administración pública, sino controlar que estas se ajusten a derecho. En ese marco, sostuvo que la Constitución Nacional promueve un modelo de desarrollo sostenible que debe compatibilizar la protección del ambiente con la producción, la infraestructura y el comercio.
La Hidrovía, una infraestructura estratégica
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue la consideración de la Hidrovía como una infraestructura clave para la economía argentina. El juez advirtió que cualquier decisión judicial que paralice completamente el proceso licitatorio debe evaluarse con extrema prudencia debido a las consecuencias institucionales y económicas que podría generar.
Según destacó, la relevancia estratégica de la vía navegable no excluye los controles ambientales, pero obliga a ponderar cuidadosamente los efectos de una eventual suspensión judicial sobre una actividad por la que circula cerca del 80 % de las exportaciones del país.
La licitación entra en su etapa final
La resolución judicial coincide con una instancia decisiva del proceso licitatorio. Luego de la apertura de las ofertas económicas, el Gobierno nacional difundió recientemente el dictamen de preadjudicación que recomienda otorgar la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y Servimagnus.
Ahora se abre un período para la presentación de impugnaciones antes de la adjudicación definitiva. La recomendación surgió tras la evaluación de antecedentes técnicos y propuestas económicas de las empresas participantes.
Persisten cuestionamientos sobre el proceso
A pesar del avance de la licitación, continúan las controversias. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas había señalado posibles irregularidades en los pliegos y cuestionamientos vinculados a la transparencia del procedimiento.
Sin embargo, Salmain consideró que esas observaciones poseen relevancia institucional, pero aclaró que no constituyen una prueba suficiente de ilegalidad manifiesta que habilite la suspensión judicial del proceso.
El contexto del juez que firmó el fallo
La sentencia también adquiere notoriedad por la situación institucional de su autor. Gastón Salmain compareció recientemente ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura en el marco de expedientes disciplinarios acumulados en su contra.
Días después, dicha comisión emitió por unanimidad un dictamen proponiendo la apertura formal de un procedimiento de remoción por presunto mal desempeño y su eventual suspensión. La decisión final deberá ser tomada por el plenario del Consejo de la Magistratura.
La discusión ambiental continúa
El fallo no cierra definitivamente el debate ambiental sobre la Hidrovía. El propio magistrado aclaró que el rechazo del amparo no implica una autorización irrestricta para futuras obras y recordó que el Estado nacional mantiene la obligación de realizar las evaluaciones ambientales correspondientes para cualquier proyecto de ampliación, profundización o modificación del sistema navegable.
Por el momento, la resolución elimina uno de los principales obstáculos judiciales para la continuidad de la licitación y permite que el Gobierno nacional avance hacia la adjudicación definitiva de una de las concesiones más importantes para la infraestructura y el comercio exterior argentino.
