El conflicto judicial y financiero en torno a la histórica cooperativa láctea SanCor ha sumado un capítulo determinante en los tribunales de la provincia de Santa Fe. Un consorcio de abogados, en representación de un amplio grupo de ex trabajadores, tamberos y proveedores, presentó de manera formal la apelación a la sentencia de quiebra dictada recientemente por el juez Marcelo Gelcich.
Esta acción legal busca poner un freno de mano de manera inmediata a la licitación forzada y al desguace de los activos de la firma. Según explicaron los asesores letrados de los damnificados, el recurso judicial suspende automáticamente cualquier intento de remate o liquidación de bienes hasta que la Cámara de Apelaciones dicte una resolución sobre el fondo de la cuestión.
El polémico rechazo de la Justicia por “14 minutos”
El descontento generalizado y el posterior contraataque judicial de los acreedores nacen a raíz de lo que consideran una “anomalía procedimental”. El abogado Aldo Regali, representante de los demandantes, detalló que el juez de primera instancia desestimó de manera intempestiva un plan de salvataje alternativo bajo el argumento de que el documento ingresó en el sistema informático apenas 14 minutos tarde respecto al dictado de la quiebra.
A este complejo escenario se le suma la denuncia de otras irregularidades, como el supuesto bloqueo del expediente digital a un sector de la sindicatura (específicamente la seccional Rosario) durante casi un mes, impidiéndoles ejercer un control real del proceso liquidatorio.
Reactivar las plantas lácteas en lugar de liquidarlas: el pedido de los acreedores
De forma paralela a la apelación de la quiebra, el grupo de afectados radicó ante la Justicia de Rafaela una solicitud de medida cautelar de prohibición de innovar. El objetivo central de esta presentación es suspender el llamado a licitación forzada de las seis fábricas estratégicas y de las marcas comerciales de SanCor, cuya base de venta ronda los 52 millones de dólares.
Los acreedores sostienen que un remate apresurado destruirá de forma irreversible el entramado productivo y el valor de una insignia de la industria láctea argentina. En su lugar, exigen que se abra el espacio para debatir un plan de rescate que permita volver a poner en marcha las fábricas.
Los ejes del Plan “51/49” para salvar a SanCor
Para evitar el desguace definitivo de la cooperativa, los trabajadores y proveedores proponen la implementación del denominado “Plan 51/49”, el cual contempla un cambio en el modelo jurídico y de negocios:
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51% de Capital Privado: Apertura a la inyección de fondos por parte de inversores externos, destinados exclusivamente a capital de trabajo y a la reactivación operativa integral.
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49% para la Región: Creación de un Fideicomiso de Recuperación Productiva. Mediante esta herramienta, los tamberos, proveedores y operarios canjearían las deudas pendientes por participación accionaria en la nueva empresa, garantizando la soberanía de la cuenca lechera.
Los representantes legales fueron tajantes al concluir que no permitirán que se tiren a la basura casi 100 años de historia industrial nacional por un simple “tecnicismo informático”. Con la apelación en marcha, el destino de las plantas de SanCor en Sunchales, Gálvez y el resto de la región queda ahora bajo la estricta decisión del tribunal de alzada.
