La Cámara Nacional en lo Civil resolvió a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la disputa que mantenía con organismos nacionales por su fiscalización institucional. El tribunal confirmó la validez del cambio de domicilio legal de la entidad a la provincia de Buenos Aires y declaró nulas las resoluciones que habían dispuesto la intervención de veedores y mantenido su inscripción bajo la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La decisión fue adoptada por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, quienes concluyeron que el organismo competente para ejercer el control de legalidad sobre la AFA es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, luego de que la entidad trasladara su sede social a Pilar mediante una asamblea realizada en 2024.
En el fallo, los jueces sostuvieron que el cambio de jurisdicción quedó debidamente consolidado con la inscripción de la asociación en la provincia de Buenos Aires, por lo que las facultades de fiscalización ya no corresponden a la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Como consecuencia de esta interpretación, la Cámara declaró la nulidad de una resolución emitida en febrero de este año por la Inspección General de Justicia, mediante la cual se mantenía la inscripción de la AFA en el Registro Público nacional. Además, dejó sin efecto la resolución firmada en marzo por el Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por un plazo de 180 días hábiles.
La medida de supervisión había sido adoptada luego de que la IGJ detectara presuntas irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad que preside Claudio Tapia. Sin embargo, el tribunal entendió que, al haberse concretado el traslado de la sede social y el correspondiente registro en territorio bonaerense, las decisiones tomadas por los organismos nacionales carecían de competencia sobre la asociación.
El fallo representa un respaldo judicial para la conducción de la AFA en una disputa que se extendió durante varios meses y que giró en torno a la validez del cambio de domicilio institucional. Con esta resolución, la entidad madre del fútbol argentino queda formalmente bajo la órbita de control de la provincia de Buenos Aires y sin la intervención de los veedores designados por el Gobierno nacional.
