La causa judicial que investiga a una presunta banda dedicada a estafas inmobiliarias en distintas localidades del Gran Santa Fe suma nuevos avances y ampliaciones de imputaciones, en un expediente que ya contabiliza al menos 120 personas damnificadas y un fraude estimado en más de un millón de dólares.
Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la organización habría operado durante aproximadamente una década en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Recreo y Arroyo Leyes, utilizando maniobras fraudulentas vinculadas a la venta irregular de terrenos e inmuebles.
En diálogo con Veo Noticias, el abogado de las víctimas, Ricardo Veglia, señaló que en los últimos días la Justicia avanzó con la ampliación de imputaciones contra quien sería el presunto jefe de la organización y otros integrantes.
Una estructura con antecedentes y múltiples delitos
De acuerdo a la investigación, esta banda sería una derivación de otra organización criminal desarticulada alrededor de 2014, que habría retomado su accionar con modalidades similares durante los últimos años.
El letrado describió a la estructura como “una verdadera banda delictiva”, con imputaciones que incluyen asociación ilícita, estafas reiteradas, falsificación de documentos públicos y privados, y uso de sellos oficiales adulterados.
Profesionales involucrados y maniobras complejas
Uno de los puntos más sensibles de la causa es la presunta participación de profesionales que habrían otorgado “apariencia de legalidad” a las operaciones, generando mayor confianza en las víctimas.
Veglia mencionó a dos abogados vinculados al expediente, entre ellos Alfonso Storni —a quien se le amplió la imputación— y Javier Cóceres, actualmente detenido en la unidad penitenciaria de Las Flores. También se investiga la participación de corredores inmobiliarios, entre ellos Agustín Storni y un hombre identificado como Diego, quien ya estuvo detenido.
Información privilegiada y maniobras en registros públicos
La investigación también revela que la organización habría accedido a información sensible de organismos públicos. Según el abogado, contaban con contactos en áreas catastrales municipales que les permitían identificar propiedades con deudas o situaciones irregulares.
Incluso, en etapas anteriores de la banda, se habrían utilizado nexos dentro de dependencias registrales para modificar información y titularidades en documentación oficial.
El impacto en las víctimas
Entre los casos más graves, se encuentran familias jóvenes que habían accedido a programas de vivienda como el Procrear y que terminaron perdiendo tanto el terreno como la posibilidad de acceder a su casa, además de mantener deudas con entidades bancarias.
También se detectaron múltiples casos de reventa de los mismos inmuebles a distintos compradores, lo que agravó el nivel de perjuicio económico y judicial.
Sin recuperación del dinero
Respecto de la posibilidad de recuperar los fondos, la investigación habría seguido una pista de transferencias hacia el exterior, incluyendo movimientos hacia una entidad bancaria en Panamá. Sin embargo, hasta el momento no se logró recuperar el dinero.
“Lamentablemente el dinero está perdido”, señaló Veglia, quien además destacó que el impacto más profundo es el daño emocional y psicológico sufrido por las víctimas.
Finalmente, el abogado describió el escenario general como “un festival de la delincuencia”, aunque valoró el avance actual de la investigación judicial y el trabajo del MPA, al considerar que se está actuando con las herramientas disponibles para esclarecer los hechos.
