La decisión del Senado de Santa Fe de postergar el tratamiento del proyecto de ley que busca regular o prohibir la actividad de los cuidacoches generó fuertes repercusiones en el arco social. Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, organización que se hizo presente en la Legislatura, calificaron la prórroga como una muestra clara de las falencias de la iniciativa.
El abogado del Foro, Guillermo Munne, dialogó con la prensa y no ahorró críticas hacia el texto que cuenta con media sanción de la Cámara alta. “Esta postergación es una señal más de la baja calidad institucional de la iniciativa“, afirmó, al tiempo que consideró que el proyecto es “inadecuado, ineficiente y, sobre todo, inconstitucional y discriminatorio”.
El propio oficialismo expuso las fallas
Para Munne, las dudas que surgieron a último momento dentro del interbloque de Unidos —impulsadas en parte por los cuestionamientos del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni— confirman lo que las organizaciones de derechos humanos venían denunciando.
“El propio ministro de Seguridad del oficialismo tuvo que salir a decir que es una ley que no sirve para nada y que hay modos más baratos para que las ciudades se ocupen del tema antes que involucrar a la policía”, fustigó el abogado.
En ese sentido, definió la propuesta como un “proyecto meramente demagógico” que no aportará ninguna mejora real a la seguridad y que busca “mezclar todo”: las conductas que ya son delitos (como la extorsión o la amenaza) con el trabajo de quienes buscan su sustento de manera honesta en contextos de extrema vulnerabilidad.
Los argumentos técnicos contra el proyecto
El Foro contra la Impunidad y por la Justicia presentó ante el Senado un dictamen jurídico detallando los puntos que vuelven inviable la norma:
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Subjetividad punitiva: El texto del Senado plantea que basta con que alguien “interprete de manera subjetiva” que la presencia de un cuidacoches es intimidatoria para sancionarlo, algo que Munne calificó de “absolutamente inconstitucional”.
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Violación del principio de lesividad: El derecho punitivo del Estado solo puede aplicarse ante conductas que causen un “perjuicio real y objetivo” a terceros, no en base a sensaciones o prejuicios.
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Discriminación social: La ley nacional antidiscriminatoria prohíbe explícitamente que una persona sea tratada en inferioridad de condiciones por su posición social. Según el Foro, el proyecto parece buscar que ciertos sectores de la ciudad queden reservados exclusivamente para personas de altos ingresos.
Un llamado a abrir las puertas al debate
A pesar de que hasta el momento los senadores han mantenido “las puertas cerradas” a los organismos de derechos humanos, desde el Foro guardan la expectativa de que el receso legislativo sirva para abrir canales de diálogo.
Recordaron que la Cámara de Diputados sí habilitó reuniones oficiales para escuchar distintos dictámenes, por lo que instaron al Senado a seguir el mismo camino y legislar en congruencia con la Constitución Nacional y la recientemente reformada Constitución provincial.
