La Asamblea Legislativa de Santa Fe removió este jueves 3 de septiembre al fiscal adjunto Diego Gustavo Rodríguez y Barros por mal desempeño de sus funciones y resolvió además inhabilitarlo durante 10 años para volver a ingresar al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La decisión fue adoptada durante una sesión conjunta de las cámaras de Diputados y Senadores, que ratificó el dictamen elaborado previamente por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.
El procedimiento disciplinario contra quien se desempeñaba en la Unidad Fiscal de San Jorge reunió una serie de hechos que, según se consideró, implicaron la pérdida de la “idoneidad ética” necesaria para ejercer la función de fiscal y llegaron a comprometer el funcionamiento institucional del MPA.
Una denuncia por el supuesto robo de ruedas
Uno de los episodios centrales que dio origen a la investigación estuvo relacionado con una compañía de seguros.
De acuerdo con lo analizado durante el procedimiento disciplinario, Rodríguez y Barros denunció el supuesto robo de las dos ruedas delanteras de su Chevrolet Cruze con la intención de cobrar el seguro.
Sin embargo, previamente habría comentado a empleados judiciales y funcionarios municipales que las ruedas habían sufrido una rotura accidental.
Esos dichos fueron posteriormente respaldados por testigos pertenecientes a la propia Fiscalía.
La aseguradora detectó inconsistencias en el relato presentado para reclamar la cobertura y consideró inicialmente inverosímil la mecánica denunciada.
Este episodio se convirtió en uno de los puntos que terminaron bajo análisis de la Comisión de Acuerdos.
El ingreso a un sistema judicial confidencial
Durante el procedimiento se incorporó además otro hecho relacionado con el desempeño profesional del fiscal.
La investigación determinó que Rodríguez y Barros habría ingresado sin autorización al sistema judicial Heimdall y cargado personalmente un requerimiento acusatorio correspondiente a un legajo que estaba asignado a otro funcionario.
Según las actuaciones, de esta manera habría intervenido como acusador público en un expediente en el que tenía un interés particular.
La conducta fue considerada incompatible con el principio de objetividad que debe regir la actuación de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación.
Denuncias por hostigamiento y violencia de género
A estos episodios se sumaron cuestionamientos relacionados con el funcionamiento interno de la Unidad Fiscal de San Jorge.
Durante el proceso disciplinario aparecieron denuncias por hostigamiento laboral, amenazas y malos tratos hacia personas que trabajaban bajo sus órdenes, además de señalamientos por episodios de violencia de género.
La acumulación de estos antecedentes llevó a considerar que las conductas investigadas no podían analizarse únicamente como situaciones individuales, sino que podían afectar también el funcionamiento institucional del MPA.
El diputado Marcos Corach, quien actuó como miembro acusador durante el procedimiento, sostuvo ante la Asamblea que el proceso se desarrolló garantizando el derecho de defensa del fiscal y remarcó que durante su desarrollo surgieron nuevos elementos.
Corach afirmó que “lo que se encontró fue grave” y sostuvo que Rodríguez y Barros había perdido la autoridad necesaria para continuar desempeñando su función dentro del organismo de persecución penal.
Remoción e inhabilitación durante una década
Con esos antecedentes, la Comisión de Acuerdos recomendó remover a Rodríguez y Barros por mal desempeño e impedirle acceder nuevamente al MPA durante los próximos 10 años.
La Asamblea Legislativa ratificó finalmente esa postura este jueves.
No se registraron votos en contra de la remoción, aunque algunos legisladores solicitaron abstenerse de participar de la decisión.
De esta manera, Rodríguez y Barros quedó formalmente apartado de su cargo como fiscal adjunto de la Primera Circunscripción Judicial.
También rechazaron el recurso presentado por la fiscal Ballari
La sesión conjunta abordó además otro expediente relacionado con una integrante del Ministerio Público de la Acusación.
La Asamblea declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal María Verónica Ballari, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Ballari había recurrido la resolución mediante la cual la Legislatura santafesina le impuso anteriormente una suspensión de 90 días como sanción disciplinaria.
La Comisión de Acuerdos había recomendado por unanimidad rechazar el planteo y esa posición fue posteriormente ratificada por la sesión conjunta.
Así, la jornada dejó dos decisiones sobre integrantes del MPA: la remoción e inhabilitación por 10 años de Diego Rodríguez y Barros y el rechazo del recurso con el que María Verónica Ballari buscaba cuestionar su suspensión por 90 días.
