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Brasil prohíbe las apuestas online en plena campaña electoral

La medida fue anunciada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve días de la primera vuelta de las elecciones. El decreto alcanza a las apuestas deportivas, los juegos online y la publicidad del sector, y deberá ser analizado por el Congreso.

28 de septiembre de 2026


El Gobierno brasileño dispuso la prohibición de las denominadas “bets” mediante una medida provisoria que entró en vigencia de inmediato. La decisión impide la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija, tanto deportivas como de otros juegos digitales.

Según explicó Lula, el objetivo es frenar el endeudamiento de las familias y los problemas vinculados con la adicción al juego. La medida también contempla mecanismos para que los usuarios retiren los fondos que tengan depositados en las plataformas.

Impacto en clubes y empresas

La prohibición también afecta al negocio publicitario de las casas de apuestas, que se habían convertido en importantes patrocinadores de clubes de fútbol, medios de comunicación y creadores de contenido. Los contratos publicitarios vigentes deberán dejar de operar a partir del 6 de octubre.

El sector ya comenzó a cuestionar la medida. El Instituto Brasileño del Juego Responsable presentó este lunes un pedido ante el Supremo Tribunal Federal para suspender la prohibición y sostuvo que podría generar perjuicios irreversibles para las empresas que invirtieron y obtuvieron autorizaciones bajo el marco regulatorio vigente.

La discusión en plena campaña

El momento elegido para implementar la medida también abrió una fuerte discusión política. La prohibición fue anunciada poco más de una semana antes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en las que Lula busca la reelección y enfrenta al senador Flávio Bolsonaro.

El candidato opositor cuestionó la decisión y sostuvo que se trata de una medida con finalidad electoral, mientras que el Gobierno sostiene que responde al impacto de las apuestas sobre el endeudamiento y la economía de los hogares. Estas interpretaciones forman parte de la disputa política de la campaña.

La medida provisoria tendrá que ser tratada por el Congreso dentro de un plazo máximo de 120 días para mantener su vigencia. En paralelo, el Ejecutivo anunció que enviará un proyecto de ley para incorporar delitos vinculados con la explotación y promoción de las apuestas al Código Penal.