El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, planteó que una de las próximas líneas de trabajo contra las organizaciones criminales debe estar puesta en los recursos económicos y los circuitos financieros utilizados por las bandas. También apuntó contra los profesionales que, según sostuvo, brindan asistencia técnica a esas estructuras.
“El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, afirmó este miércoles durante una jornada sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos realizada en el Complejo Cultural El Túnel, en Rosario.
El encuentro reunió a funcionarios provinciales y municipales, representantes de la Justicia y autoridades federales para analizar herramientas vinculadas con inteligencia financiera, lavado de activos y coordinación entre organismos.
La baja de homicidios y la advertencia sobre la violencia
Durante su exposición, Pullaro presentó como uno de los principales indicadores de la evolución de la seguridad en Rosario la cantidad de homicidios acumulados.
Según los números mencionados por el gobernador, Rosario pasó de 222 homicidios registrados a esta altura de 2023 a 63 en el mismo período de este año. En el conjunto de la provincia, la cifra habría descendido de 315 a alrededor de 112 casos.
Pullaro atribuyó esa reducción a una combinación de medidas de seguridad, coordinación entre organismos y acciones judiciales. Sin embargo, también advirtió que la disminución de los homicidios no implica que las organizaciones criminales hayan desaparecido.
“La violencia y el delito no están terminados; las organizaciones criminales no están desarticuladas, simplemente están contenidas por el accionar permanente del Estado”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que, a su criterio, una interrupción o relajación de las políticas implementadas podría generar un nuevo aumento de la violencia.
El foco puesto en el dinero de las bandas
La jornada tuvo como eje el seguimiento de los recursos económicos vinculados con las organizaciones criminales. En ese marco, el gobernador destacó el trabajo de organismos provinciales destinados a identificar, administrar y disponer de bienes vinculados con actividades ilícitas.
Entre ellos mencionó a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y al Comité de Bloqueo Económico provincial.
El objetivo, según explicó, es avanzar sobre el patrimonio de las organizaciones y dificultar el uso de los recursos obtenidos mediante actividades ilegales.
“La plata que ganás a través del delito la vas a perder”, afirmó Pullaro.
La investigación sobre profesionales
En su exposición, el gobernador también reclamó profundizar las investigaciones sobre las personas que brindan asistencia profesional a las estructuras criminales.
En particular, mencionó a abogados y contadores que, según planteó, podrían intervenir en maniobras financieras, administración de recursos o distintas operaciones destinadas a ocultar o canalizar dinero proveniente de actividades ilícitas.
El planteo se produjo en una jornada que reunió a representantes del Ministerio Público de la Acusación, la Justicia federal, organismos de inteligencia financiera, fuerzas de seguridad y gobiernos locales.
Pullaro sostuvo que la coordinación entre esas instituciones fue uno de los factores que, según su evaluación, permitió modificar el escenario de violencia registrado en Rosario durante los últimos años.
La advertencia sobre una situación que sigue abierta
El gobernador también utilizó como referencia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, realizados durante septiembre, para señalar que las actividades deportivas y culturales se desarrollaron sin que, según los datos que presentó, se registraran denuncias por robos de celulares ni hechos de violencia altamente lesiva durante los 15 días de competencia.
Sin embargo, volvió a insistir en que la situación de seguridad requiere continuidad y que la reducción de los homicidios no significa que el problema esté resuelto.
La estrategia que planteó para la próxima etapa apunta así a seguir el recorrido del dinero, investigar posibles maniobras de lavado y determinar el grado de participación de quienes puedan aportar conocimientos o estructuras profesionales a las organizaciones delictivas.
