Este miércoles, una alumna de la Escuela N.º 40 Mariano Moreno de San Cristóbal informó a las autoridades de la institución que había visto, en un canal de difusión de WhatsApp, una fotografía en la que un compañero de 16 años aparecía empuñando un arma de fuego.
Ante la situación, las autoridades del establecimiento educativo activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso a la central de emergencias 911. A partir de esa denuncia, comenzó una investigación para determinar qué había ocurrido y establecer si el arma que aparecía en la imagen podía ser localizada.
Con intervención de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Santa Fe, a través de la Unidad Regional XIII y la Policía de Investigaciones (PDI), logró localizar al adolescente y avanzar con distintas medidas investigativas. Finalmente, el arma fue entregada por un familiar adulto y quedó secuestrada.
Investigación urgente
La Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó a los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Unidad Regional XIII San Cristóbal, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, realizar una actuación urgente y discreta para evitar que se frustrara la localización del arma de fuego.
En el marco de la investigación, los pesquisas entrevistaron a integrantes de la comunidad educativa. Posteriormente, con una orden judicial, realizaron un allanamiento en la vivienda donde reside el adolescente junto a su madre.
Durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular y una tablet, elementos que quedaron incorporados a la investigación.
Arma en poder de un adulto
Las diligencias posteriores llevaron a los investigadores hasta el domicilio de un familiar del adolescente. Allí, un hombre adulto entregó voluntariamente un revólver calibre .22, que al momento de ser entregado no tenía municiones.
El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para incorporarla a la causa y determinar si se trata del mismo elemento que aparece en la fotografía difundida por WhatsApp.
Antecedentes, conmoción y una herida abierta
La denuncia realizada por la alumna, con intervención de sus familiares para formalizarla, activó el protocolo de la institución educativa y derivó en una rápida actuación policial y judicial.
El procedimiento ocurrió seis meses después del ataque armado registrado el 30 de marzo en la Escuela N.º 40 Mariano Moreno, cuando un adolescente ingresó al establecimiento y disparó contra otros alumnos. Como consecuencia del ataque, un estudiante de 13 años murió y otros ocho alumnos resultaron heridos.
El nuevo episodio volvió a generar preocupación en una comunidad educativa que todavía permanece afectada por aquel hecho.
El otro caso reciente
El 3 de septiembre, el estallido de un neumático de un camión que circulaba por la Ruta Provincial 2, a pocos metros de la escuela, provocó corridas y momentos de tensión entre los alumnos.
Ocho estudiantes fueron trasladados para recibir atención médica y algunos sufrieron lesiones al intentar salir por las ventanas del establecimiento.
El estruendo se produjo prácticamente a la misma hora en la que había ocurrido el ataque armado de marzo. Por ese motivo, varios alumnos que habían vivido aquel episodio interpretaron inicialmente el ruido como un nuevo disparo.
Atribución delictiva
La novedad sobre los procedimientos fue comunicada a las jefaturas de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Unidad Regional XIII San Cristóbal, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. A su vez, se informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.
El fiscal dispuso el secuestro del teléfono celular, la tablet y el revólver calibre .22 para su incorporación a la causa.
En cuanto a la situación procesal, la atribución delictiva tiene carácter provisorio: al adolescente se le atribuyó el delito de intimidación pública, mientras que al familiar adulto se le atribuyó tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Este último quedó imputado en libertad.
Por la edad del adolescente, el caso deberá continuar bajo intervención de fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), conforme lo disponga el fiscal regional del MPA.
