El diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), presentó un proyecto de Comunicación mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo provincial que implemente una solución habitacional permanente para las familias que viven en el sector sur del Parque Federal de la ciudad de Santa Fe y que se verían afectadas por la construcción de la nueva Estación Policial.
Según la iniciativa, son aproximadamente 50 las personas que podrían perder sus viviendas como consecuencia de la obra. El proyecto plantea la necesidad de garantizar la reubicación de los vecinos y reclama que el proceso se desarrolle con transparencia, notificaciones formales y diálogo con las familias involucradas.
Entre las medidas solicitadas, Palo Oliver plantea que el Ejecutivo informe a la Legislatura sobre las acciones adoptadas, el expediente administrativo y el cronograma previsto para la relocalización.
Además, propone generar instancias de diálogo entre el Estado, la empresa contratista, las familias afectadas y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de acordar alternativas habitacionales.
Otro de los puntos centrales es evitar desalojos informales o procedimientos que puedan quedar delegados en empresas privadas. El proyecto sostiene que cualquier relocalización debe respetar las garantías administrativas y judiciales correspondientes.
Familias con décadas de residencia
Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca que algunas de las viviendas ubicadas en el sector están ocupadas por personas y familias que residen allí desde hace décadas. Según el legislador, varios vecinos cuentan con servicios a su nombre y documentación que acredita su permanencia en el lugar.
En ese contexto, Palo Oliver sostuvo que la ejecución de una obra pública no debería implicar el desconocimiento del derecho al hábitat ni generar situaciones de vulnerabilidad social.
El diputado también cuestionó que las familias hayan recibido, según su planteo, comunicaciones verbales por parte de la empresa contratista, sin que previamente se hayan realizado notificaciones formales, relevamientos sociales o programas de relocalización vinculados con la demolición prevista.
Para el legislador, ese esquema genera incertidumbre entre los vecinos y supone la delegación de facultades que corresponden al Estado en un actor privado.
“No podemos permitir que la concreción de un proyecto público se haga a costa de la seguridad habitacional de familias que llevan décadas en el lugar. El Estado debe garantizar procesos transparentes, diálogo y alternativas que preserven los derechos de las personas”, afirmó Palo Oliver.
El proyecto presentado en la Legislatura busca que el Gobierno provincial intervenga antes de avanzar con las medidas vinculadas a la obra y establezca una alternativa habitacional para las personas afectadas.
