La Justicia federal impuso una multa diaria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por considerar que el Gobierno nacional no cumplió con las obligaciones establecidas en una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue firmada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien estableció una sanción inicial de $100.000 por cada día de demora. Además, dejó abierta la posibilidad de incrementar el monto e incorporar a otros funcionarios si continúa la falta de cumplimiento.
La decisión respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Poder Ejecutivo no había ejecutado las medidas ordenadas por la Justicia, pese a las intimaciones y los plazos otorgados.
Qué exige la medida cautelar
La resolución judicial establece que el Gobierno debe recomponer los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de actualizar los recursos destinados a las becas estudiantiles.
La Ley de Financiamiento Universitario contempla una recomposición salarial del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. También dispone actualizaciones mensuales de los haberes según la inflación.
En cuanto a las becas, la normativa establece la recomposición de las prestaciones estudiantiles alcanzadas por la ley.
El magistrado consideró que la documentación presentada por el Estado no acreditó el cumplimiento integral de esas obligaciones. Por ese motivo, hizo efectivo el apercibimiento que había dispuesto previamente.
La disputa entre el Gobierno y las universidades
El conflicto judicial se originó por la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.
El Gobierno apeló el fallo que cuestionó esa disposición, pero la presentación no suspendió la medida cautelar que ordena avanzar con la actualización de salarios y becas.
La controversia continúa en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras la orden judicial permanece vigente.
La sanción económica contra Santilli busca forzar el cumplimiento de esa resolución y podría extenderse a otros integrantes del Ejecutivo si persiste la situación.
