El abogado Iván Carrión, representante legal de una de las víctimas, dio detalles sobre el calvario que atraviesa una paciente oriunda de la localidad de Felicia, quien sufrió graves secuelas neurológicas y físicas tras habérsele suministrado el anestésico en un sanatorio de la capital provincial.
Según explicó el letrado, la mujer ingresó al centro médico en abril del año pasado para someterse a una operación obstétrica programada. A raíz de los dolores postoperatorios, se le administró fentanilo, un lote que posteriormente quedó enmarcado dentro de la lista investigada en el expediente central radicado en la ciudad de La Plata. “Tomo conocimiento de la nota y quiero decir que en la localidad de Felicia es una persona que entró aproximadamente en abril del año pasado y, lamentablemente, se fue 95 días después a un centro de rehabilitación cerca de la ciudad de Rosario”, detalló Carrión.
Las secuelas y el alta médica condicionada
Tras permanecer más de tres meses internada entre centros médicos de la región, a la paciente se le otorgó el alta médica al llegar a una “meseta de recuperación”. Sin embargo, su calidad de vida quedó drásticamente afectada de porvenir. “Actualmente se le dio el alta porque llegó a la meseta de recuperación; sin embargo, no tiene la posibilidad de seguir comiendo, tiene que ser alimentada por bomba y tiene una traqueotomía que le va a durar toda su vida”, advirtió el abogado querellante.
Reclamo judicial: apuntan a la responsabilidad del sanatorio y buscan la órbita provincial
Si bien existe una causa principal en La Plata relacionada con la trazabalidad y la compra centralizada de los fármacos por parte del Estado —lo que permitió frenar y secuestrar partidas en su momento—, la querella sostiene que las jurisdicciones locales tienen un rol ineludible en el plano de la responsabilidad civil y penal.
En este sentido, Carrión remarcó que la aplicación directa del medicamento se concretó en un establecimiento de la ciudad de Santa Fe, lo que genera una responsabilidad de tipo objetiva y penal. Desde la representación legal consideran que las demandas deben dirimirse en los tribunales provinciales santafesinos y no quedar centralizadas únicamente en la provincia de Buenos Aires. “Nosotros creemos que la centralización del proceso no sea en la ciudad de La Plata; sin embargo, hemos estado en contacto con el proceso principal a los efectos no solamente de tener información de primera mano, sino también hemos empezado un proceso en la ciudad de Santa Fe en lo civil para el aseguramiento de pruebas”, explicó Carrión.
En los próximos días, el equipo jurídico completará las últimas etapas probatorias en la justicia civil local para definir los siguientes pasos procesales, centrando el eje en la responsabilidad interna y externa del sanatorio frente a una tragedia sanitaria que continúa dejando secuelas irreparables en la región.
El trasfondo del escándalo sanitario y el impacto en la región
El caso del fentanilo contaminado que sacude a Santa Fe no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una causa de gran envergadura iniciada a mediados de 2025 en la ciudad de La Plata. Aquel episodio inicial, detectado en abril de ese año, encendió las alarmas en el sistema de salud argentino tras comprobarse la circulación de lotes adulterados del poderoso opiáceo que desencadenaron cuadros graves e incluso desenlaces fatales en distintos puntos del país.
Si bien las compras centralizadas y los operativos de control permitieron frenar la distribución masiva y secuestrar remanentes en depósitos y laboratorios, la tragedia dejó secuelas profundas en pacientes que recibieron las dosis durante intervenciones quirúrgicas de rutina. En el caso de la vecina de Felicia, el impacto del fármaco contaminado derivó en una prolongada agonía clínica, con un paso crítico de más de tres meses por centros de alta complejidad hasta lograr estabilizarla en una situación de dependencia crónica.
La estrategia legal: del fuero federal a la justicia provincial
La batalla judicial que encabeza el abogado Iván Carrión busca ahora delimitar responsabilidades que exceden la cadena de comercialización de los laboratorios y apuntan directamente al plano asistencial. Mientras el expediente principal avanza en la órbita federal analizando la trazabilidad de los medicamentos adquiridos por el Estado, la querella impulsa acciones en los tribunales de Santa Fe para interpelar al sanatorio donde se concretó la aplicación efectiva de la ampolla.
Para la representación legal, la responsabilidad objetiva y penal recae tanto en quienes fabricaron y distribuyeron el insumo como en el establecimiento médico que omitió los controles intrahospitalarios necesarios antes de suministrar un anestésico de alto riesgo a una paciente. Con el cierre de esta etapa probatoria en el fuero civil santafesino, la causa se encamina a definir nuevas imputaciones que podrían marcar un precedente clave en la jurisdicción local sobre la seguridad y el cuidado de los pacientes en quirófanos privados y públicos.
