La Unión Industrial de Santa Fe (UISF) valoró la decisión del Gobierno nacional de suspender los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027 y ampliar el alcance de los planes de regularización de deudas. Sin embargo, advirtió que se trata de un alivio transitorio y reclamó políticas que permitan recuperar la producción, las ventas y el empleo.
A través de un comunicado difundido este miércoles, la entidad sostuvo que la medida responde a una preocupación que el sector industrial viene planteando ante las autoridades provinciales y nacionales. Según señaló, las dificultades financieras y fiscales comprometen el capital de trabajo de las empresas, limitan su capacidad operativa e impactan directamente sobre la producción y el empleo.
La UISF también destacó la ampliación del universo de deudas que pueden incorporarse a los planes de pago, especialmente por la inclusión de obligaciones más recientes. Consideró que este punto es importante porque las empresas enfrentan procesos de ejecución cada vez más acelerados, incluso por compromisos fiscales actuales.
El reclamo por las condiciones de financiamiento y el mercado interno
Más allá de la valoración positiva, la entidad planteó reparos sobre las condiciones de los planes de regularización. En particular, cuestionó el costo financiero de los esquemas de pago y advirtió que, aunque establecer 18 cuotas puede ofrecer mayor previsibilidad, las tasas de interés por encima de la inflación terminan representando una carga adicional para las empresas que intentan regularizar sus deudas.
En el comunicado, firmado por el presidente de la UISF, Cristian Fiereder, la organización sostuvo que las dificultades de la industria no se limitan a sus obligaciones fiscales. También señaló la falta de condiciones para recuperar las ventas, sostener los niveles de actividad y volver a invertir.
En ese sentido, advirtió que no observa incentivos suficientemente sólidos para revertir el deterioro del mercado interno y generar una recuperación sostenida de la demanda. Incluso alertó que, si no se modifican esas condiciones, dentro de 180 días las empresas podrían volver a enfrentar los mismos reclamos.
«Suspender los embargos es importante, pero no suficiente», resumió la entidad, que utilizó la comparación con una aspirina para describir el alcance de la decisión: puede aliviar momentáneamente las dificultades, pero no resolver los problemas que las originan.
Finalmente, la Unión Industrial reclamó previsibilidad, financiamiento accesible, alivio de la presión tributaria y un mercado interno que permita recuperar la actividad. El objetivo, planteó, no debe limitarse a evitar que las empresas cierren o queden embargadas, sino generar condiciones para que puedan volver a producir, vender, invertir y generar empleo.
