El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la investigación patrimonial contra Manuel Adorni deje de tramitar bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria.
En su dictamen, el funcionario judicial sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten demostrar que el incremento patrimonial cuestionado se haya producido durante el período en que Adorni integró el Gobierno nacional. En particular, consideró que no pudo descartarse que los fondos utilizados para adquirir bienes y realizar inversiones provinieran de ahorros anteriores a su llegada a la función pública.
La decisión no implica un sobreseimiento ni el cierre de la investigación. Por el contrario, Pollicita advirtió que existen indicios de ingresos, divisas y activos virtuales que podrían haber permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante varios años.
El planteo fue presentado en una causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y ahora deberá ser resuelto por el juez federal Ariel Lijo. La investigación abarcó la evolución patrimonial del exfuncionario entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
El dictamen descarta sostener la acusación por enriquecimiento ilícito
Durante la investigación, la Fiscalía detectó gastos y operaciones por 402.578,12 dólares. De ese monto, 374.081,66 dólares habrían sido abonados en efectivo. También identificó una diferencia de 43.068.549 pesos entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas registrados durante el período analizado.
Entre los desembolsos relevados aparecen la compra de un lote en el country Indio Cuá, las reformas de propiedades, mobiliario, la escritura de un departamento en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el expediente, algunas de esas operaciones se realizaron fuera del sistema bancario o mediante la intervención de terceros.
Ante las observaciones, Adorni presentó un descargo basado en una inversión previa en Bitcoin. Su defensa afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, en las que habría invertido cerca de 200.000 dólares. Según esa explicación, la posterior liquidación de los activos generó 591.544,61 dólares, que luego fueron conservados en efectivo.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con los elementos disponibles. El fiscal recordó que el delito de enriquecimiento ilícito requiere que el incremento patrimonial injustificado se produzca después de la asunción de un cargo público. En este caso, la defensa ubicó el origen de los fondos varios años antes de diciembre de 2023.
Además, el dictamen señaló que no se logró vincular el dinero cuestionado con un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita relacionada con el ejercicio de la función pública.
Las pericias sobre las billeteras de Bitcoin
Para evaluar el descargo, la Fiscalía dispuso una verificación técnica de las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa. El procedimiento confirmó que, al momento de la diligencia, las claves privadas estaban bajo control de los representantes de Adorni y que podían utilizarse para generar firmas digitales válidas.
También se comprobó que las direcciones registraron actividad entre 2014 y 2018 y que actualmente no tenían saldo. Sin embargo, el informe de la Policía Federal advirtió que la tecnología blockchain no permite identificar quién controló una billetera en un momento determinado ni establecer desde cuándo una persona tuvo acceso a sus claves.
Tampoco fue posible reconstruir con certeza todas las contrapartes, los lugares y las condiciones de las operaciones. De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas de intercambio, mientras que los restantes estarían vinculados con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de datos ya vencieron.
Para la Fiscalía, estas limitaciones impiden confirmar definitivamente la versión de Adorni, pero tampoco permiten descartarla. El informe técnico consideró consistente la posibilidad de que quien actualmente controla las direcciones también las hubiera administrado entre 2014 y 2018.
Los ingresos previos y la capacidad de inversión
El dictamen también analizó los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Según registros de ANSES y ARCA, las remuneraciones acumuladas del matrimonio, convertidas a dólares según el tipo de cambio oficial promedio de cada año, alcanzaron aproximadamente los 335.000 dólares hasta 2014 y los 493.000 dólares si se extiende el cálculo hasta 2018.
A eso se suman compras de moneda extranjera registradas por 60.983 dólares entre 2011 y 2014, cifra que asciende a 83.472 dólares al incluir 2015.
La Fiscalía aclaró que esos datos no demuestran por sí mismos que el matrimonio haya realizado las inversiones en criptomonedas ni permiten reconstruir todos sus gastos familiares. Sin embargo, consideró que ubican la compra de Bitcoin dentro de una escala económica posible.
También se identificó una fuente documentada de divisas durante el período investigado: la venta por 50.000 dólares de un inmueble heredado en La Plata.
La causa continuará bajo una posible hipótesis de evasión tributaria
Aunque Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito, detectó posibles irregularidades fiscales que justifican la continuidad de la investigación en otro fuero.
Entre los puntos señalados aparece el reconocimiento de la propia defensa de que parte de la información incorporada en declaraciones juradas rectificativas correspondía a bienes y fondos que anteriormente no habían sido declarados. También se mencionó que los ahorros familiares se habrían mantenido fuera del sistema bancario y del control de ARCA.
La investigación deberá profundizar sobre los ingresos profesionales utilizados para financiar las compras de Bitcoin, la posterior venta de esos activos, la tenencia de moneda extranjera no declarada y las operaciones con criptoactivos. También se analizarán diferencias entre la información proporcionada a Binance y la declarada ante organismos públicos, además de préstamos cuya efectiva entrega de dinero no habría sido acreditada.
El fiscal advirtió que la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de fondos después del inicio de la causa podrían exceder una simple infracción administrativa.
Por ese motivo, solicitó que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que deberá determinar si existieron delitos vinculados con la evasión del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.
El fiscal pidió investigar a otras personas y revisar el rol de una escribana
El dictamen también propone que se investigue la intervención de otras personas en las operaciones patrimoniales bajo análisis. Pollicita solicitó extraer testimonios para que la Justicia Penal Económica examine las conductas de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y del contratista Matías Tabar.
Además, pidió remitir actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe el desempeño de Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en distintas operaciones vinculadas con Adorni.
Las propiedades que concentraron la investigación
Dos adquisiciones inmobiliarias tuvieron especial relevancia en el expediente: una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento con cochera en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
La vivienda de Indio Cuá fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti por 120.000 dólares, más otros 5.000 dólares correspondientes a la tasa de ingreso al barrio privado. Para financiar la compra, el matrimonio habría tomado un préstamo no bancario de 100.000 dólares, respaldado por una hipoteca sobre el departamento que poseían en Parque Chacabuco. Los 20.000 dólares restantes fueron informados como un pago en efectivo.
El crédito fue otorgado por dos mujeres policías: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien aportó 85.000 dólares, y su hija Victoria Cancio, que entregó los 15.000 restantes. El acuerdo establecía una devolución en dos años, con una tasa anual del 11% y cuotas mensuales de entre 600 y 900 dólares por intereses.
Las refacciones de la propiedad también quedaron bajo análisis. El contratista Matías Tabar declaró que había cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin facturas. Adorni, en cambio, negó ese monto y sostuvo que las obras habían costado 175.000 dólares, provenientes de ahorros anteriores.
La segunda operación fue la compra del departamento de Caballito, en noviembre de 2025, por 230.000 dólares. Según la documentación incorporada a la causa, Adorni habría aportado 30.000 dólares en efectivo y financiado los 200.000 restantes mediante una hipoteca privada con las anteriores propietarias, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. El préstamo se pactó sin intereses y con un plazo de dos años.
A su vez, Pablo Feijoo, hijo de una de las acreedoras y gestor de la compraventa, declaró haber financiado trabajos de remodelación por otros 65.000 dólares.
La Fiscalía puso el foco en estas adquisiciones porque se concretaron mientras Adorni y Angeletti conservaban otros inmuebles en La Plata y Parque Chacabuco. Los créditos privados, los pagos en efectivo y los costos de las reformas formaron parte de los puntos que el exfuncionario debió justificar.
Los consumos con tarjetas de empleados también fueron investigados
Otro aspecto examinado fue el uso de tarjetas de crédito de empleados y funcionarios que dependían de Adorni. La Fiscalía le pidió explicaciones por compras atribuidas a su entorno, entre ellas artículos de blanquería y colchones para la casa de Indio Cuá, además de equipamiento tecnológico y productos vinculados con videojuegos.
En el expediente quedaron registrados consumos por 8.183.303,25 pesos en ropa blanca y otros artículos para la vivienda. También se incluyeron dos proyectores por 1.831.795 pesos cada uno y un monitor por 2.185.000 pesos.
Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería Presidencial, declaró que había realizado compras a su nombre y que Adorni le reintegraba el dinero en efectivo. La defensa sostuvo que algunas operaciones correspondían a tareas de asistencia personal y laboral, mientras que otras habían sido compras puntuales cuyos importes fueron devueltos cuando llegaron los resúmenes de las tarjetas.
También afirmó que los colchones y la blanquería habían sido pagados en efectivo por Bettina Angeletti.
El juzgado federal deberá resolver ahora si acepta el pedido de Pollicita y remite el expediente al fuero Penal Económico. Allí se determinará si existieron irregularidades tributarias y si corresponde avanzar con nuevas medidas de investigación.
