El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el nuevo régimen de discapacidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa establece un marco permanente para el sistema de prestaciones y permite dejar atrás la emergencia en discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.
El proyecto aprobado incorpora los cambios que la oposición había impulsado durante su tratamiento en la Cámara de Diputados y que el Gobierno debió aceptar para alcanzar los consensos necesarios. Entre sus principales puntos, conserva las pensiones no contributivas, su actualización de acuerdo con la inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado para los servicios destinados a personas con discapacidad.
La sanción representa un cambio en el esquema vigente después de meses de negociaciones y cuestionamientos por el financiamiento del sector. Ahora, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con la reglamentación de la norma y tendrá la posibilidad de disponer vetos parciales o totales.
Qué establece la nueva ley de discapacidad
Uno de los puntos centrales de la normativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que se mantienen en un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo la principal vía para acceder al beneficio.
Además, se conserva la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. De esta manera, las personas con discapacidad podrán mantener el beneficio si acceden a un trabajo registrado o se inscriben en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley también garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud contempladas en la Ley 24.901 a través del Programa Incluir Salud, tanto para titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como para personas con discapacidad.
En materia de financiamiento, el texto establece partidas específicas del Ministerio de Salud para sostener el sistema y contempla compensaciones del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes. También dispone que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo en comparación con el año anterior.
Otro aspecto incorporado es la regularización de las deudas con los prestadores. Si al momento de la sanción existen pagos pendientes, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La normativa también establece mecanismos de fiscalización más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
En caso de detectar incumplimientos objetivos, se podrá disponer la suspensión preventiva de un beneficio. Sin embargo, el procedimiento deberá garantizar el debido proceso, con notificación a la persona involucrada y la posibilidad de una rehabilitación provisoria de la prestación.
Durante el debate, distintos legisladores plantearon la necesidad de garantizar que los controles no se conviertan en obstáculos para quienes necesitan acceder a las pensiones y prestaciones.
El financiamiento y la implementación, en el centro del debate
Aunque la iniciativa reunió el respaldo de todos los senadores presentes, durante la sesión hubo advertencias sobre los recursos necesarios para garantizar su aplicación.
El senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, defendió la necesidad de establecer reglas permanentes y sostuvo que mantener un sistema de emergencia genera incertidumbre tanto para los beneficiarios como para los prestadores.
Por su parte, la senadora Alicia Kirchner advirtió sobre las dificultades operativas que podría enfrentar la implementación de la ley. Señaló que actualmente existen 427 centros de atención para todo el país y puso en duda que tengan capacidad suficiente para llevar adelante las tareas previstas.
También se mencionaron las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Mientras el senador Guillermo Andrada calculó un gasto de 600.000 millones de pesos para 2026, Monteverde citó una proyección de 1,2 billones de pesos para 2027.
La radical Mariana Juri, en tanto, sostuvo que la pérdida de recursos destinados al área se produjo progresivamente durante distintas gestiones y reclamó que el Presupuesto 2027 contemple las partidas necesarias para sostener el nuevo régimen.
En la misma línea, el senador Maximiliano Abad puso el foco en la necesidad de garantizar la operatividad del sistema para evitar que los beneficiarios deban recurrir a la Justicia para acceder a sus derechos.
Desde el peronismo, Pablo Bensusán planteó la importancia de controlar el cumplimiento del cronograma de pagos a los prestadores y de las auditorías previstas.
Un respaldo unánime, con advertencias sobre la aplicación
Durante el cierre del debate, el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, destacó que la dignidad de las personas con discapacidad y sus familias no puede depender de una emergencia con fecha de vencimiento.
La senadora Juliana di Tullio cuestionó las auditorías realizadas por el Gobierno nacional y aseguró que se convocó a controlar al 91% del universo de beneficiarios, aunque solamente se suspendieron 141 prestaciones. También denunció deudas millonarias con los prestadores del sistema.
Por último, la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el acuerdo político que permitió la sanción y reconoció que tanto el oficialismo como la oposición habían planteado aspectos atendibles durante la discusión.
Con la aprobación del Senado, la nueva ley quedó sancionada y el sistema de discapacidad contará con un marco normativo permanente. El próximo paso será la reglamentación por parte del Ejecutivo, una instancia clave para determinar cómo se instrumentarán las prestaciones, los controles y el financiamiento.