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La Cámara de Casación revisará la sentencia por el hundimiento del ARA San Juan y podría convocar a una audiencia en diciembre

El expediente quedó en manos del juez Javier Carbajo, integrante de la Sala IV. Los camaristas deberán analizar los recursos contra la condena a tres años de prisión en suspenso para el excomandante Claudio Villamide y las absoluciones de otros tres exjefes de la Armada. Las familias de los 44 tripulantes también cuestionan distintos aspectos del juicio.

22 de noviembre de 2026


La Cámara Federal de Casación Penal avanza con la revisión de la sentencia por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes. La Sala IV del tribunal ya recibió el expediente y podría convocar a una audiencia para diciembre, aunque todavía no hay una fecha confirmada oficialmente.

Las actuaciones ingresaron el 11 de noviembre a la vocalía del juez Javier Carbajo, presidente de la Sala IV y responsable de elaborar el primer voto. El magistrado integra el tribunal junto con Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes deberán resolver los recursos presentados contra el fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

La sentencia, dictada el 8 de julio pasado, condenó al excapitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. En cambio, absolvió al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes de navío Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

La audiencia de informes será una instancia previa a la deliberación de los camaristas. Allí, el Ministerio Público Fiscal, las querellas y la defensa del único condenado podrán exponer oralmente los argumentos de sus respectivas apelaciones.

Qué resolvió el tribunal en el juicio oral

El debate se desarrolló en Río Gallegos desde el 3 de marzo y se extendió durante más de 30 audiencias, con la declaración de más de 90 testigos. El tribunal analizó las condiciones en las que se encontraba el submarino antes de su última misión, las tareas de mantenimiento pendientes y las decisiones adoptadas por los distintos niveles de conducción de la Armada.

La mayoría, integrada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto, consideró a Villamide responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

Los magistrados entendieron que el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos tenía obligaciones de supervisión y control sobre las unidades bajo su responsabilidad y que incumplió medidas vinculadas con la seguridad del ARA San Juan.

Entre los elementos considerados estuvieron las anomalías detectadas durante una navegación en julio de 2017, las verificaciones que no se habrían realizado antes de la última misión y las instrucciones impartidas durante la emergencia comunicada desde el submarino.

El tercer integrante del tribunal, Luis Alberto Giménez, votó en disidencia y propuso absolver a Villamide. Para el magistrado, no se había podido reconstruir con suficiente certeza lo ocurrido dentro de la nave durante sus últimas horas ni establecer una relación probada entre los incumplimientos atribuidos al excomandante y el hundimiento.

Los tres jueces coincidieron en absolver a López Mazzeo, Alonso y Correa, al considerar que no se había acreditado su responsabilidad penal.

Los recursos de la fiscalía, las querellas y la defensa

Las apelaciones plantean distintos cuestionamientos al fallo y persiguen resultados diferentes.

El Ministerio Público Fiscal y una de las representaciones de los familiares solicitaron que se revoquen las absoluciones de los tres exjefes navales. Además, esa querella cuestionó la pena impuesta a Villamide y reclamó una condena mayor.

Durante el juicio, los fiscales habían pedido cinco años de prisión para Villamide y López Mazzeo, cuatro años para Alonso y tres años y seis meses para Correa, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

Por su parte, la querella encabezada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias recurrió las absoluciones y consideró insuficiente la pena aplicada al único condenado.

Otra de las impugnaciones fue presentada por Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los tripulantes fallecidos. El familiar solicitó que se anule el juicio y se realice un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Entre sus argumentos señaló que quedaron pendientes medidas de prueba que considera necesarias para esclarecer el hundimiento, entre ellas estudios técnicos sobre las imágenes obtenidas después del hallazgo del submarino y la intervención de especialistas navales. También cuestionó la instrucción de la causa y planteó irregularidades durante el debate oral.

En sentido contrario, los abogados de Villamide, Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo, solicitaron que se revoque la condena y se dicte la absolución.

La defensa sostiene que no se alcanzó el grado de certeza necesario para atribuirle responsabilidad penal al excomandante. También cuestiona que se pueda establecer una relación causal entre sus decisiones y la muerte de los 44 tripulantes, debido a que no se logró reconstruir de manera concluyente qué ocurrió dentro del submarino.

Otro de los planteos apunta a las diferencias entre los fundamentos de los dos jueces que votaron por la condena respecto de las condiciones operativas de la nave antes de zarpar.

Qué deberá resolver Casación

La revisión volverá a poner en discusión las responsabilidades de los mandos de la Armada por el estado del submarino y las decisiones adoptadas antes y durante su última navegación.

En particular, los camaristas deberán analizar qué información tenía cada uno de los acusados sobre las condiciones de seguridad de la nave, cuáles eran sus obligaciones y si existieron omisiones o negligencias que pudieron incrementar los riesgos de la misión.

También tendrán que evaluar los argumentos sobre la reconstrucción de la emergencia que se produjo entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de noviembre de 2017, cuando el ARA San Juan informó un ingreso de agua en el sector de baterías, un cortocircuito y un principio de incendio.

El submarino perdió contacto con tierra durante la mañana del 15 de noviembre, cuando regresaba hacia Mar del Plata. Poco después, un evento hidroacústico detectado a las 10.51 fue vinculado con la implosión de la nave.

Los restos fueron encontrados un año después por la empresa Ocean Infinity, a 907 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con el procedimiento previsto en el Código Procesal Penal, una vez realizada la audiencia de informes, los jueces deberán deliberar y dictar sentencia. La normativa establece un plazo máximo de 20 días para resolver, aunque el cómputo en días hábiles y la proximidad de la feria judicial de enero podrían hacer que la decisión se conozca después del receso.

Por el momento, la eventual audiencia de diciembre es una previsión y no una convocatoria formal. Su realización permitirá que las partes expongan sus argumentos antes de que Casación defina si confirma, modifica o revoca la sentencia dictada en julio.