El gobernador Omar Perotti decretó ayer el congelamiento, desde el 1º de enero pasado y por 180 días, de su salario y los correspondientes a autoridades superiores, gabinete, empresas y sociedades del Estado santafesino y entes públicos. Entre los argumentos de la medida, el jefe de la Casa Gris recordó la situación financiera deficitaria de la provincia y la consiguiente necesidad de “transitar el camino de la austeridad”.
“Resulta imprescindible transitar el camino de la austeridad, guiados por el principio de la solidaridad y promoviendo políticas acorde a la realidad”, sostiene el decreto (Nº 0005) que lleva la firma de Perotti.
La medida se enmarca en la crisis que golpea a la Argentina y sintoniza con la emergencia que el Ejecutivo santafesino aspira a aprobar, más allá del reciente revés que la iniciativa cosechó en la Cámara de Diputados provincial a manos de la oposición, con el objetivo de garantizar la administración pública en medio de “una situación financiera deficitaria”, según destaca el decreto.
El anuncio del congelamiento de haberes superiores también se materializó poco después de que la gestión de Perotti oficializara la extensión del cronograma de pago de los sueldos públicos (concluye el 15 de enero), lo que detonó la reacción de los gremios docentes y de estatales, y de la entrada en vigencia del receso —por un mes— para reorganizar la administración central, los organismos descentralizados, entes autárquicos e instituciones de Seguridad Social.
En esa línea también había obrado la Legislatura provincial (50 diputados y 19 senadores) sobre el cierre del año parlamentario, al avanzar con el congelamiento de dietas por 180 días, en coincidencia con lo dispuesto en el Congreso nacional y el Pami (obra social de los jubilados y pensionados).
De hecho, la oposición en la Cámara baja santafesina había presentado la semana pasada un pedido para que el gobierno provincial congelara los sueldos de los funcionarios políticos.
El decreto de Perotti alude también a “deudas contraídas con anterioridad a la actual gestión” y destaca la necesidad del Estado provincial de “continuar desarrollando su actividad con eficacia y eficiencia”. Al respecto, advierte: “La situación socioeconómica genera un aumento de la demanda de servicios sociales y asistenciales”.
“Corresponde al Estado provincial atender las situaciones de emergencia, priorizando aquellos programas directamente vinculados con la problemática social de las personas más vulnerables”, añade el decreto que fijó el congelamiento de sueldos.
