La intervención dispuesta por decreto de la empresa Vicentin fue cuestionada por Roberto Vicente, docente de Derecho Constitucional de la UNL y ex secretario de Justicia de la Provincia.
"La expropiación, fundamentalmente se da pura y exclusivamente cuando hay una causa de utilidad pública, este precisamente no es una causa de utilidad pública. La segunda cuestión, que yo creo es bastante compleja, hay una intervención judicial porque la empresa se encuentra en convocatoria de acreedores con lo cual hay otro problema que es meterse con una cuestión que está relacionada con la división de poderes".
El presidente Alberto Fernández, anunció la intervención de la empresa cerealera durante 60 días mientras que se envía al Congreso el proyecto para expropiar la firma. Sin embargo, Vicente sostiene que el Estado debe explicar cuál es la utilidad pública sobre Vicentin para habilitar el debate de los legisladores y, en caso de cumplir esto, debe pagar una indemnización antes de hacerse cargo de la empresa. "Hay una situación de avasallamiento mandando los interventores en forma preventiva con ese DNU y por un tiempo determinado, previendo que pueden conseguir los votos necesarios en el Congreso de la Nación".
